.
Analistas 22/05/2021

El tiempo apremia

Amylkar D. Acosta M.
Docente de la Universidad Externado de Colombia

El presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla abrigaron hasta último momento la esperanza de pasar por el Congreso en volandas la reforma tributaria más ambiciosa de la que se tenga memoria en muchísimos años. Asumían contar con las mayorías en el Congreso de la República y de contera contaban, además, con el apoyo de reputados centros de pensamiento, tales como Anif y Fedesarrollo, que planteó ir más allá, abarcando “cambios estructurales en materia social, laboral y pensional”, en momentos en los que el palo no está pa’ cucharas.

Por su parte, la decana de Economía de la Universidad de los Andes e integrante de la Comisión consultiva para la Regla fiscal, Marcela Eslava, sostuvo que “es virtuoso de la propuesta que hay un incremento del recaudo, lo que quiere decir que los colombianos vamos a pagar más impuestos, porque estamos en este momento como país gastando más de lo que puede y eso robustece la progresividad del sistema fiscal como un todo. Estaremos mejor con esta reforma aprobada que sin ella”. Nos quedamos sin saber cómo “un incremento del recaudo” per se “robustece la progresividad del sistema fiscal como un todo”, sin reparar en la regresividad de la estructura tributaria actual y cómo fue que nadie le entendió que hoy estaríamos “mejor con esta reforma aprobada que sin ella”.

Cabe advertir que cuando se afirma por parte de ella que “estamos en este momento como país gastando más” se alude tácitamente al gasto social, pero se elude hablar del gasto fiscal que se deriva de la proliferación de gabelas impositivas injustificadas que se niegan a desmontar, las cuales erosionan la base gravable. La verdad monda y lironda es que de los 5,3 puntos porcentuales del PIB que ganó el déficit fiscal en 2020, al pasar de 2,5% en 2019 a 7,8% en 2020, solo 1,7 puntos porcentuales son atribuibles a los gastos asociados con las medidas tomadas por el Gobierno para paliar el impacto de la pandemia.

Pero, lo más insólito es el tardío y tozudo pronunciamiento de un connotado “grupo de ciudadanos con trayectoria profesional en los sectores público, privado y académico”, en el que priman los economistas ortodoxos, a través de un comunicado post mortem en el cual le dan un inesperado e inane espaldarazo a la reforma de marras. Y la razón esgrimida por ellos para apoyar este adefesio es que “no es posible estar de acuerdo, al mismo tiempo, con el ingreso mínimo garantizado y los demás gastos sociales que se necesitan y oponerse a una reforma tributaria de la magnitud y alcance como la que propone el Gobierno”.

Lo hemos dicho y lo repetimos, no cabe duda sobre la necesidad de extender y tornar permanente, como lo ha propuesto el Gobierno, el “ingreso mínimo garantizado”, que va en la dirección correcta de una renta básica para los más vulnerables que hemos venido planteando, así como “los demás gastos sociales”, máxime después del exacerbamiento de las lacras sociales del desempleo, la informalidad, la pobreza y la desigualdad, principales secuelas de la pandemia.

Pero, al contrario de lo que pretendía la fallida reforma, ahora el nuevo ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, en este segundo tiempo, admite que hay un consenso según el cual “cualquier decisión que se tome, no puede tocar a la población vulnerable ni a la clase media…hay que buscar ese mecanismo de solidaridad de que los que más tengan contribuyan con los que menos tienen”. Definitivamente, este “grupo de ciudadanos” resultó ser más papista que el Papa.

Coincido con Cecilia López en que si bien el déficit fiscal es motivo de mucha preocupación, “el principal problema de la economía colombiana hoy no es el déficit fiscal, sino el desempleo y la pobreza” sobre todo de los jóvenes, con una tasa impresionante de 23,5%. Amén de que de los 10,9 millones de jóvenes, 33%, es decir, más de 3 millones de ellos ni estudian ni trabajan, pertenecen a la ignominiosa franja de los Nini. Se pregunta ella y con razón “a qué hora perdimos el foco”.

El ministro Restrepo ha acotado el alcance del mismo, según él “la reforma debe aspirar a recoger anualmente un punto porcentual del PIB para fortalecer el saneamiento fiscal y medio punto porcentual para financiar la puesta en marcha de los programas sociales, que son los más apremiantes”. En plata blanca está hablando de “una reforma de unos $14 billones”, la mitad de lo que pretendía recaudar Carrasquilla, “acompañado de austeridad, control del gasto público y esfuerzos de lucha contra la evasión fiscal”.

Así las cosas, sigo sin entender el desdén con que el Gobierno ha recibido la oferta de la Andi, por una parte, y de Fenalco - Acopi, por la otra, consistentes en aplazar en el primer caso y renunciar en el segundo a varios de los beneficios tributarios que recibieron en la reforma tributaria anterior, la de 2019. Sumadas sus propuestas, de acogerla el Gobierno y para luego es tarde, le significarían un mayor recaudo, de $13,4 billones, casi a lo que aspira el ministro Restrepo. El mensaje al presidente Duque y al ministro Restrepo por parte del presidente de la Andi no ha podido ser más contundente: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrennos a nosotros”. El Gobierno no puede seguir deshojando margaritas, cójale la flota a los empresarios y con ello se tendría una victoria temprana en beneficio del país.

El Congreso de la República tiene el tiempo justo para tramitar y aprobar esta reforma, que no ampliaría ni la base del impuesto de renta a las personas naturales ni la del IVA y sería una contribución a la distensión tan necesaria en estos momentos en los que la movilización y la protesta en el país está en su segundo pico, después de las de noviembre pasado. Bien dijo el sacerdote jesuita, profesor de filosofía de la Universidad Javeriana, Vicente Durán Casas, que “si buscamos puntos en común, empezaremos a entendernos” y a superar nuestros desencuentros.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA