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Sí, la verdad y con testigos es que a Petro y su gente les quedó grande la democracia.
Escándalos de corrupción; prácticas sistemáticas para socavar autonomías institucionales y civiles; amarre a FF.AA. para que no puedan ejercer su función de defensa y seguridad de los colombianos en toda la geografía nacional y una subordinada complicidad ante el régimen dictatorial en Venezuela, son las cinceladas con que Petro y su gente esculpen un talante autócrata, violento y corrupto.
Empezaron desplazando líneas éticas durante la campaña con la fórmula Guanumen; pasaron a Olmedo López, voz cantante del escándalo Ungrd, quien afirmó que los sobornos a parlamentarios eran una “política de Estado” direccionada desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República e incurrieron en un delito que ya tiene a varios detenidos y funcionarios imputados; últimamente, Petro y su gente alcanzan el clímax del relajo ético y moral, dando vía libre a la desvergonzada ética “benedettina” encarnada por quien hoy ocupa el Ministerio del Interior.
La autonomía de universidades (caso Unal), de sindicatos (caso CGT), de organismos técnicos de la gestión pública, de iglesias (caso rabino no reconocido por la comunidad judía), ya ha sido evidentemente socavada.
Los gremios empresariales son desconocidos como interlocutores sociales y económicos y permanentemente insultados; a los empresarios se les estigmatiza y se les desconoce su trabajo cotidiano por la patria.
La autonomía territorial de departamentos y municipios es objeto de desprecio, permanentes chantajes e invasiones normativas por parte del Gobierno Central.
La reforma al sistema general de participaciones fue una iniciativa parlamentaria que tomó fuerza a la que el gobierno se adhirió a regañadientes a última hora, por lo que no puede ufanarse de haber sido su creador.
A una expresión natural de la democracia representativa que es el Congreso, la han maculado con los sobornos de marras y atávicas prácticas clientelistas.
Cuando varias bancadas y parlamentarios se oponen a la propuesta gubernamental de reforma laboral, Petro y su gente apelan de manera populista e instrumental a un mecanismo de democracia participativa que es la consulta.
Al Congreso votar negativamente la consulta popular, Petro y Benedetti amenazan con convocarla vía decreto, lo que sería un evidente desconocimiento a la autonomía del Congreso y grosera amenaza a la Constitución del 91.
El Gobierno sin sonrojo ha desacatado los pronunciamientos de las altas cortes.
La hibris autócrata del círculo petrista pela dientes y quiere hacerse temer con tonos altaneros y arrogantes.
Roy Barreras, que inútilmente intenta sustraerse de sus responsabilidades con el proyecto petrista, da el banderazo a su campaña presidencial amenazando al país con un estallido, mal calificado de social, cuando es un explícito llamado a la violencia.
En Colombia, enhorabuena, hay por lo menos un 70% de población que tiene claro que solo procede la obediencia inteligente ante la autoridad legítima y no está dispuesta a caer en servilismos acríticos con el poder arbitrario.
Emergen propuestas de desobediencia civil para garantizar la sostenibilidad democrática; bienvenidas.
A la inmensa mayoría de colombianos no nos queda grande la democracia.
En vez de celebrar una hazaña cada cuatro años, debemos construir un ecosistema que produzca resultados sostenibles. Países con menor población como Uruguay o Ecuador han logrado modelos exportables
Viene un periodo de violencia política, de amenazas constantes, de narrativas de odio y de mayor polarización, lo cual pondrá a prueba la fortaleza de nuestras instituciones