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Hace unos días, una mujer murió y cuatro personas resultaron heridas tras un ataque con dron en zona rural de San Pablo, sur de Bolívar. No es un hecho aislado: desde 2024 se han registrado más de 460 ataques con drones en Colombia, con 287 heridos y 19 personas asesinadas entre militares, policías y civiles.
El uso indebido de drones es una amenaza transnacional que exige fortalecer los debilitados mecanismos multilaterales, con estándares comunes sobre fabricación, comercialización, trazabilidad, identificación remota y sistemas antidrones. Ningún Estado puede enfrentar solo una tecnología global: se requiere consenso entre naciones y fabricantes para impedir que una herramienta de innovación se convierta en amenaza contra la vida.
Pocas tecnologías han crecido tan rápido ni han mostrado con tanta claridad su doble rostro. Los drones sirven para la agricultura de precisión, la gestión de emergencias, la vigilancia ambiental, la producción audiovisual, entre otros usos; pero también han sido usados para inteligencia criminal, vulnerar la privacidad, atacar unidades militares o policiales y lanzar explosivos. De ahí la necesidad de avanzar en su regulación.
Otros países han dado pasos en este propósito. Estados Unidos exige registro, certificación de pilotos e identificación remota. La Unión Europea obliga registro del operador e identificación del dron. Australia exige registro y acreditación según peso, actividad y finalidad de uso. México, además del registro, impone condiciones técnicas a fabricantes y armadores, como software que impida exceder límites de distancia o altura.
Colombia no parte de cero: la Aerocivil reguló la operación de drones. Pero no basta con saber dónde pueden volar. Se requieren herramientas para controlar importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, trazabilidad, aseguramiento, uso indebido y respuesta institucional frente a drones empleados con fines criminales.
Ese es el sentido del Proyecto de Ley radicado hace nueve meses por el Gobierno nacional y que recibió mensaje de urgencia del Presidente: fortalecer el Registro Único Nacional de Aeronaves No Tripuladas -Ruas-; exigir registro y trazabilidad a quienes importen, fabriquen, comercialicen, adquieran o usen drones; establecer pólizas de responsabilidad civil según el riesgo; y definir zonas permitidas, restringidas o prohibidas. Además, regula los sistemas antidrones que por su capacidad deben ser bienes estratégicos de seguridad y defensa, de uso restringido por la Fuerza Pública y organismos autorizados. No cualquier particular puede interferir señales o neutralizar aeronaves bajo el pretexto de defenderse.
Tras nueve meses, y pese al mensaje de urgencia y una ponencia radicada desde marzo, las Comisiones Segundas no han avanzado en la discusión. Esa demora resulta difícil de justificar cuando la amenaza crece más rápido que la norma.
Esta ley no resolverá por sí sola el problema. También se requiere tecnología -como el proyecto Escudo Antidrones-, coordinación internacional y acuerdos con empresas fabricantes para mejorar el control de la operación aérea. Pero avanzar es indispensable: cuando una tecnología puede salvar una vida o destruirla, la ausencia de reglas también es una forma de irresponsabilidad.
Y entonces uno viaja a Medellín y entiende que la cosa podría ser distinta. La llamada “cultura Metro” no es un eslogan: es una conducta observable. La gente hace fila, no raya los vidrios. Las estaciones de hace años siguen impecables
La Ley 2277 de 2022 no desmontó el 4x1.000 ni creó una exención nueva. Modificó la forma de aplicar una exención ya existente para movimientos mensuales que no superen las 350 UVT
