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Los economistas no nos caracterizamos por nuestras habilidades comunicacionales. La opinión pública no entiende fácilmente los postulados técnicos que están detrás de las propuestas de política económica que hacemos y nosotros no las explicamos de forma sencilla y pedagógica. Por ello, en las redes sociales abundan las referencias a que estamos desconectados de la realidad del país y a que nunca pensamos en políticas que lleguen a los menos favorecidos.
No obstante, la realidad es bien diferente y más bien lo que termina sucediendo es que se confunde una política social responsable con el populismo que polula en las redes y en otros espacios de opinión.
Un ejemplo de ello es el recientemente radicado proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible. Dicho proyecto tiene un ambicioso programa social, vital en esta época de recuperación en medio de una pandemia, cuyo eje medular es la ampliación y extensión del Programa de Ingreso Solidario volviéndolo una especie de renta básica que llegaría a casi 5 millones de hogares. Además, incluye incentivos a la generación y mantenimiento del empleo formal, y expande el actual esquema de devolución de IVA, llevándolo a más hogares y con un monto mayor.
En este caso, una política social responsable, como la propuesta por el Gobierno Nacional, formula paralelamente las fuentes de financiamiento de esta ambiciosa política social. Es decir, hace explícito que el mayor gasto del gobierno requiere ser fondeado para evitar un desbarajuste fiscal. En este contexto, se puede discutir democráticamente en el Congreso, en los medios y otros espacios sobre el tamaño de la política social que queremos llevar a cabo y, con base en ello, definir el tamaño de los nuevos ingresos que necesitamos.
En cambio, el populismo propone un gasto social similar o con medidas incluso más profundas, pero sus defensores utilizan los atajos al momento de hablar del financiamiento.
Por ejemplo, algunos dicen que no son necesarios nuevos ingresos, lo que desconoce las restricciones presupuestales llevándonos a perder el grado de inversión, que mantiene las tasas de interés de la economía (entre ellas, las de fondeo de las empresas y hogares) en niveles bajos. Otros dicen que lo que hay que hacer es reducir la corrupción, olvidando que esto proviene de una condición que no es solo inherente a los temas tributarios (evasión) sino que es cultural del país y requiere cambios de largo plazo que irán rindiendo frutos, pero muy lentamente. Algunos dirán que lo que hay que hacer es reducir el gasto público, pero olvidan que su inflexibilidad hace que sea muy poco lo que se pueda ganar por ese lado. Finalmente, algunos más osados dirán que el Banco de la República debería darle un crédito al Gobierno “usando la máquina de imprimir billetes”, tirando a la basura la reputación de la política monetaria y acabando de un tajo con mercados de largo plazo que hemos logrado consolidar en varias décadas y que hoy, por ejemplo, permiten a millones de hogares adquirir vivienda con financiamiento de más de 15 años a tasa y cuota fija.
Esta pandemia ha generado una crisis económica y social sin precedentes y todos, hogares y empresas, deberíamos aportar responsablemente para financiar las soluciones que mitiguen sus efectos. Si no lo hacemos, despejaremos el camino para que a través de discursos efectistas y populistas empiecen a destruir todo lo que hemos ganado en las últimas décadas.