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Las nuevas generaciones no recuerdan o tal vez no vivieron los años ochenta o principios de la década de los noventa cuando la inflación en Colombia llegó a rozar 32% anual. Aunque el país no registró nunca las hiperinflaciones que si vieron algunos de nuestros vecinos latinoamericanos como Brasil, Argentina, Perú o Bolivia, si compartió con ellos lo que en ese entonces se denominó “el pecado original”.
Dicho pecado hacía que los países de América Latina por allá en la década de los ochenta tuvieran que financiarse con deuda emitida en dólares. Los mercados no aceptaban títulos en moneda local porque se asumía que el valor de dichos títulos sería diluido con inflaciones elevadas.
En Colombia, la independencia del Banco de la República (BR), cimentada en la Constitución de 1991, y la ayuda fortuita de la crisis de 1999 hicieron que la inflación finalmente bajara a un dígito a principios de este siglo. Posteriormente, el esquema de inflación objetivo implementado por el BR, que fija metas plurianuales de inflación, la llevó a los niveles de largo plazo (2%-4%) en 2009-2010, donde se ha mantenido con algunas fluctuaciones.
Este proceso de desinflación y la alta credibilidad del BR han generado muchos beneficios para la economía nacional. Por ejemplo, en parte gracias a estos factores, el mercado de deuda pública en moneda local en Colombia se profundizó y ha permitido emisiones de muy largo plazo (30 años) aliviando el flujo de caja del Gobierno Nacional. Esto ha sido seguido, aunque en menor escala, por el sector privado.
Pero hay un ejemplo más interesante derivado de lo anterior. Aunque existen diferentes mecanismos de amortización, en los últimos veinte años, los hogares colombianos han preferido financiar su vivienda a largo plazo (hasta 15-20 años) con créditos en tasa fija o cuota fija en pesos, que les permiten saber con certeza el valor de todas las cuotas a pagar hasta el fin de la vida del crédito, desde el momento del desembolso inicial. Esto ha ocurrido gracias a la posibilidad que tienen los establecimientos de crédito de poder fondearse a largo plazo en moneda local, gracias a un entorno de inflación baja y estable, alineando los plazos en su hoja de balance.
Las cifras muestran que, al corte de noviembre de 2020, el saldo de cartera hipotecaria en pesos llegaba a 83% del total ($63 billones) donde cerca de un millón de hogares disfrutaban de este beneficio, que les garantiza pagos fijos y sin incertidumbre. Esto se acentuó durante esta pandemia, pues el año pasado el 89% de los desembolsos de crédito hipotecario fueron en pesos, con lo que 105.000 hogares pudieron acceder a vivienda con este mecanismo.
Así las cosas, la inflación baja y estable y la reputación del BR no son cosa de técnicos o economistas únicamente. Esas condiciones, por ejemplo, han sido necesarias para crear mercados de largo plazo en pesos, en la deuda pública, la deuda privada y en las hipotecas de vivienda. Por ello, ahora que estamos pensando en reformas necesarias para el país, en este caso más bien deberíamos aplicar aquel adagio que dice “lo que funciona bien no se arregla”.
La inflación baja y estable y la reputación de nuestro banco central son activos que todos debemos defender. Más de un millón de hogares que actualmente puede financiar su vivienda a largo plazo y otros millones que ya lo hicieron en los últimos años deberían ser la primera línea de defensa ante cantos de sirena que buscan derrumbar estos activos ganados en las últimas décadas.
