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Mi amiga de infancia y candidata presidencial, Paloma Valencia, le dio una entrevista muy sesuda a Julio Sánchez Cristo hace un par de días. En algún momento de la entrevista, Julio le preguntó a Paloma cómo se explicaba que la economía se estuviera comportando mejor de lo esperado, a pesar de las políticas antimercado del presidente Gustavo Petro. Paloma explicó que el consumo en Colombia estaba disparado porque el gasto público estaba desbordado, por la bonanza cafetera que se está viviendo, por el ingreso récord de dineros del narcotráfico y gracias al inmenso nivel de remesas que hoy está recibiendo el país, uno que alcanza más o menos US$15.000 millones anualizados en este momento.
Todos los que hemos estado en un restaurante, en un avión o en un centro comercial de Colombia últimamente sabemos que el consumo está disparado, y por esta razón mucha gente siente que su bolsillo hoy está mejor de cómo estaba hace cuatro años. Pero, nuevamente, ese crecimiento económico es función de una coyuntura específica, no de la implementación de políticas adecuadas y sostenibles a largo plazo. Mejor dicho, este boom de consumo se acabará abruptamente una vez cambien las condiciones de endeudamiento para el gobierno de Colombia, algo que va a pasar, tarde o temprano.
La disminución de la calificación que anunció Standard & Poor’s la semana pasada es una pésima noticia para el país. Pero no es una noticia que hubiera caído por sorpresa. Para los inversionistas y los analistas este cambio de calificación se veía venir, ya que el mercado de derivados financieros lo había anticipado hace años. En castellano, desde que asumió la presidencia Petro, el riesgo país de Colombia comenzó a superar al de Brasil. Y Brasil tenía una calificación crediticia menor a la de Colombia hasta la semana anterior. Hoy S&P ya cataloga a Colombia como un crédito BB-, por debajo de Brasil, que tiene una calificación de riesgo BB. Hoy Colombia tiene un nivel de riesgo similar al de Honduras, un país que tiene un ingreso per cápita de US$3.400, comparado con los US$8.000 de Colombia (cifras oficiales de 2024).
Según los analistas de Standard & Poor’s, la razón detrás del downgrade se debió a la preocupante situación fiscal que vive el país, el deterioro de la institucionalidad -como, por ejemplo, incumplir la regla fiscal sin ambages- y la expectativa de que, si el gobierno del Pacto Histórico repite, habrá poca probabilidad de que se apliquen correctivos para mejorar la situación macroeconómica. La agencia de riesgo también sugirió, tangencialmente, que el ataque rastrero que está ocurriendo contra el Banco de la República era un factor de riesgo adicional para la calificación.
Mirando hacia adelante, como lo he argumentado abiertamente desde hace mucho tiempo, si los colombianos elegimos a Iván Cepeda como el próximo presidente, el país entrará en una crisis financiera sin precedentes, una que llevará a que el pueblo sufra altísimas tasas de interés, devaluación, decrecimiento y un incremento muy fuerte del desempleo. Pero, como soy un optimista por naturaleza, creo que 51% de los colombianos resultaremos ser lo suficientemente inteligentes como para no votar por el candidato de las Farc.
Pero el próximo presidente, así sea una persona lógica como Abelardo o Paloma, igual se va a enfrentar a la misma coyuntura fiscal que acabo de describir. Eso significa que el próximo presidente va a tener que implementar un ajuste fiscal draconiano, uno de por lo menos 3%-4% del PIB. Y ese proceso será muy duro. Una forma de volver ese ajuste más manejable será darle una carta blanca inmediata a la nueva inversión en minería e hidrocarburos, sobre todo el fracking. Sin inversión privada creciente no hay paraíso.
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Cada rebaja en la calificación se traduce en mayores costos de financiamiento para el Gobierno, que implicarán mayores pagos de deuda, menor apetito de inversión en el país