No es este el espacio indicado para hacer una reflexión de tipo jurídico respecto de la brutal medida adoptada por la sala de instrucción de la Corte Suprema, en contra del presidente Uribe, determinación que condujo a lo que acertadamente el exmandatario ha calificado como un “secuestro”; pero un aspecto sobre el que vale la pena adelantar un análisis tiene relación con las consecuencias económicas que acarreará esa decisión infame.

La muy cuestionable medida impuesta contra el presidente Uribe ha generado una crisis política de inmensas proporciones, que quizás no se ha dimensionado debidamente, por cuenta del encierro que ha causado la pandemia. El país político ha quedado patas arriba. Uribe es el titán de la democracia colombiana. Su “secuestro”, que tiene la evidente intención de allanar el camino para el acceso de la extrema izquierda al poder, genera una gran incertidumbre en momentos en que debemos estar pensando en el resurgimiento de nuestra economía.

Con un desempleo creciente, una contracción sin par de nuestros indicadores, con la inversión extranjera básicamente suspendida, el temor de un posible -así lo indican las encuestas- gobierno de corte castrochavista, en cabeza de Gustavo Petro Urrego, espanta cualquier posibilidad de recuperación.

Hace unos días, el senador amigo de las Farc Iván Cepeda hizo una serie de anuncios que obligan a encender todas las alarmas. Pocas horas después de ordenado el “secuestro” del presidente Uribe, Cepeda convocó a través de sus redes sociales a la unión de la izquierda colombiana para apuntalar un “proyecto estratégico para próximas décadas”. Anunció además que aquel pacto debe vincular -obligar- a “los más poderosos y ricos a contribuir con la solución de la crisis y con el pago de su deuda”. ¿A cuál deuda se refiere? Como si lo anterior no fuera suficiente, cerró su “programa de gobierno” proponiendo el “fin de la perdida guerra contra el narcotráfico”.

La izquierda busca tomarse el poder para quedarse con él durante “décadas”, persiguiendo al capital privado, forzándolo a pagar una deuda inexistente, lo que, por supuesto desembocará en expropiaciones, y todo ello ocurrirá en un narcoestado, que cesará la lucha contra el narcotráfico. ¿Quién querrá invertir en un país sobre el que se cierne una amenaza de semejante calibre? Por eso, entiendo perfectamente los mensajes políticos que ha enviado el presidente Uribe desde su “secuestro”, invitando al país a poner su mirada en el año 2022, cuando se cumplirán, sin duda, unas elecciones trascendentales, en las que se jugará el futuro del modelo republicano y de nuestro régimen de libertad económica.

La extrema izquierda tiene claro que, sin Uribe en el campo de batalla política, su proyecto es perfectamente alcanzable. Él ha sido y continúa siendo el muro que contiene a ese monstruo maligno del socialismo.

La decisión adoptada en contra del doctor Uribe Vélez está muy por encima del plano judicial. Sin importar el motivo, el proyecto consiste en sacarlo del camino. Ya fuera a través de una investigación espuria por una inexistente compra de testigos, o por un comparendo de tránsito. La izquierda, con Uribe en pie de lucha, tendrá grandes dificultades para apropiarse de nuestra democracia. Sin él, tendrán la vía despejada.