Un nuevo aire en las cámaras de comercio

Luego de cerca de dos años de discusión y presentación de un proyecto de ley al Congreso, el Gobierno sancionó una norma  que establece los mecanismos de gobernabilidad de las cámaras de comercio y en particular los requisitos  e inhabilidades para ser miembro de las juntas directivas de las entidades y ejercer el derecho de elegir y ser elegido. Con la expedición de la Ley, queda en firme lo consagrado en un decreto que aplazó hasta diciembre las elecciones de las 57 cámaras, las cuales debían realizarse en junio pasado, siguiendo la normatividad vigente.

Despejado el panorama legal, los próximos meses serán clave para garantizar en transparencia y buenas maneras los comicios, dentro de los que se destacan instrumentos concretos como la revisión de las listas inscritas para la elección, el censo de afiliados legalmente habilitados y la depuración de los datos e información. Es una tarea en la que la Superintendencia de Industria debe jugar un papel determinante, dado su carácter de entidad de vigilancia y control. 

El objetivo central de los cambios adoptados es blindar a las cámaras, organismos privados que manejan recursos públicos y tienen una gran influencia regional de maniobras de los políticos o de supuestos empresarios, pero que tienen como propósito real el buscar aprovechar la entrada a la junta para su propio beneficio y no de la comunidad regional a la que se supone deben atender. Los casos recientes en Barranquilla, Villavicencio, Ibagué y Bogotá y que llevaron a repetir elecciones son muy notorias, varios de los cuales se constituyeron en escenario de disputas que solo afectaron la imagen de las entidades y generaron un clima de desconfianza sobre elementos tan importantes como el mismo registro mercantil.

De acuerdo con la nueva normatividad, para ser afiliado en cualquier cámara deberá garantizarse un período no inferior a dos años como matriculado y para ser miembro de la junta tener dos años como afiliado, lo cual pone 4 años como condición para aspirar a la junta. Se busca garantizar que quienes lleguen a la dirección den garantías de que por encima de cualquier consideración personal o ambición particular muestren que su trabajo está dirigido a la defensa de los valores regionales, cívicos y gremiales. Los miembros de las juntas tendrán un período de cuatro años y su período arrancará a comienzos de año y no a mediados como hasta ahora. 

Puede que estos cambios no sean suficientes para lograr la recuperación de las cámaras como instrumentos de promoción e impulso al desarrollo regional, pero es el comienzo de una estrategia que debe empujar a que estas entidades tengan más injerencia y capacidad para influenciar en el destino local, dentro de lo cual cabría preguntarse acerca de la conveniencia de integrar regionalmente a varias de ellas.