Telefónica inicia el apagado de su red de cobre

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el regulador del sector, ha aprobado el primer cierre de dos centrales telefónicas convencionales que utilizan líneas de cobre, una de ellas en Torrelodones (Madrid) y la otra en San Cugat (Barcelona).

Telefónica lleva varios años, especialmente desde 2012, con un plan acelerado de despliegue de una red totalmente nueva que utiliza líneas de fibra óptica hasta el hogar. El objetivo a medio plazo es sustituir en la mayoría de España la red de cobre por la red de fibra óptica, ya que los planes declarados de la operadora española se prevé que la red de fibra óptica alcance los 20 millones de unidades inmobiliarias (hogares, oficinas y locales) en 2017, lo que supondría más del 80% de las que existen en España.
 
Además de las enormes ventajas en cuanto a la transmisión de datos, ya que las redes de fibra óptica pueden aumentar la velocidad de enviar y recibir datos –para el acceso a Internet- prácticamente sin límite, el uso de una red de fibra óptica, más moderna, reduce sustancialmente los costes de operación y mantenimiento de la red respecto a la red convencional a menos de la mitad. Por eso Telefónica tiene un fuerte incentivo para “apagar” la red antigua de cobre en la mayor parte de España –mientras no lo haga tiene un coste añadido de mantener dos redes en paralelo- lo antes posible.

Por tanto, el anuncio del cierre de las antiguas centrales de cobre seguirá siendo cada vez más habitual en función de que la operadora vaya extendiendo su despliegue de fibra óptica, de forma que para finales de ésta década las centrales de cobre sólo seguirán activas en las poblaciones más pequeñas a las que no llegue la fibra óptica.

El problema para apagar las centrales de cobre es que los rivales de Telefónica, como Orange, Jazztel o Vodafone, principalmente, usan esas centrales para acceder a las líneas de Telefónica que usan para ofrecer sus servicios de ADSL. Por eso, la regulación que fijó la CMT en 2009 establece que Telefónica no puede cerrar una central en la que estén instalados sus rivales de forma inmediata, sino que tiene que dar un preaviso de cinco años de antelación durante los cuales sigue teniendo que dar servicio mayorista a sus rivales. Esta regulación se fijó para proteger la inversión de los operadores alternativos.
En el caso de que no existe ningún operador alternativo instalado, como ocurre en Torrelodones y San Cugat –porque se trata de dos centrales pequeñas que no resultan rentables para los operadores alternativos al dar servicio a pocos clientes-, Telefónica está obligada a seguir ofreciendo un servicio mayorista durante un año.
En España existen 8.800 centrales de Telefónica, pero sólo en unas 1.000, las más grandes –situadas en ciudades- hay presencia directa de los operadores alternativos.