Serenidad y buen juicio

Aún se percibe en el ambiente cierto grado de sorpresa frente a los resultados del plebiscito del pasado domingo, los cuales parecían improbables a la luz de los sondeos de las semanas previas. Sin embargo, este sano ejercicio democrático no solo brindó su veredicto sobre el sentir de la población sobre los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y las Farc, sino que señaló, más que un país dividido, el sentir de un país que le apuesta a la construcción de la paz pero que tiene disensos sobre los mecanismos y los umbrales de impunidad dispuestos a aceptar.

Si bien estos resultados han alimentado una gran incertidumbre política sobre el curso del conflicto y podrían dejar al Gobierno con un menor capital político para adelantar las urgentes y necesarias reformas que se requieren, lo cierto es que también significan una oportunidad para robustecer el engranaje político, armonizar los disensos y generar acuerdos más incluyentes que permitan continuar avanzando en este difícil pero prometedor proceso de construcción de país. El llamado, por lo tanto, no puede ser otro diferente al de mantener la serenidad y el buen juicio para encarar los retos que se avecinan. No podemos olvidar que para avanzar en el camino de la paz, el país requiere de un ánimo integrador y conciliador, en el que la política de la paz deje de ser una política de Gobierno y se constituya en una clara política de Estado con la que todos los colombianos se sientan identificados.

En este escenario, la serenidad y el buen juicio deben ser también los criterios que predominen en el desarrollo de los temas de la agenda económica del país. Nuestras necesidades económicas más apremiantes no pueden desdibujarse ante los ruidos políticos y no podemos darnos el lujo de postergar las reformas que nos urgen, especialmente en materia tributaria. Hoy más que nunca los ojos de las calificadoras de riesgo y de los inversionistas están puestos sobre la celeridad y el alcance de la misma. 

Tampoco podemos olvidar que el camino fértil para la paz se construye en base a una economía fortalecida en sus cuentas fiscales y una actividad económica que genere empleos de calidad, además de un aparato productivo competitivo y con incentivos a la inversión. Flaco favor se le haría al país si no se llegase a presentar una reforma tributaria en los próximos días basada en criterios de equidad, eficiencia y competitividad, y si permitimos que la incertidumbre política, que esperamos se decante con prontitud, se eleve al plano económico.   

Los tiempos de discusión-aprobación lucen apenas justos, y de allí el carácter urgente de darle celeridad a su trámite. La postergación y/o la falta de voluntad en el legislativo serían una apuesta por la inviabilidad económica del país, lo que nos conduciría a la inestabilidad y a la pérdida de nuestro grado de inversión. Este, por supuesto, es un riesgo no solo para el Gobierno sino para el sector privado, pues de la calificación de los títulos del Gobierno dependen una serie de activos privados, los cuales se verán fuertemente afectados de llegar a presentarse una degradación en la calificación de la deuda pública.  

Esta reforma será, desde luego, del beneficio de todos los colombianos porque incentivaría la generación de empleo y permitiría mantener los grandes logros alcanzados en el ámbito social, en especial los relacionados con la lucha contra la pobreza y la informalidad. Truncar estos avances sería otra gran apuesta por el retroceso social y por la pérdida de norte en materia de desarrollo.

La paz, como lo ha manifestado el Consejo Gremial Nacional, solo es posible o aplicable si se preserva la estabilidad macroeconómica y fiscal, que va íntimamente ligada a la preservación y aprobación de una reforma tributaria estructural. Estos serían los mensajes correctos a los mercados e inversionistas nacionales y extranjeros.