El país que elegimos ser

Cada elección presidencial parece obligarnos a escoger entre dos visiones de país. Durante meses discutimos candidatos, propuestas, encuestas y alianzas, convencidos de que el futuro de Colombia depende exclusivamente de quién ocupe la Casa de Nariño. Sin embargo, cada vez estoy más convencido de que la verdadera elección no ocurre el día de las votaciones. Ocurre mucho antes, en la forma en que decidimos relacionarnos con quienes piensan diferente.

Lo que más me preocupa del panorama electoral no son los nombres propios ni lo que representan. Me preocupa la facilidad con la que seguimos convirtiendo las diferencias en enemistades. La rapidez con la que etiquetamos al otro, la necesidad permanente de dividir la realidad entre buenos y malos, inteligentes e ignorantes, salvadores y amenazas. Como si la complejidad de un país pudiera reducirse a dos bandos enfrentados que se disputan el monopolio de la verdad.

Los extremos suelen presentarse como opuestos irreconciliables, pero muchas veces son expresiones distintas de un mismo fenómeno. Ambos encuentran fuerza en el miedo, ambos necesitan de la confrontación para existir y ambos se alimentan de la idea de que el otro representa una amenaza. Por eso terminan pareciéndose más de lo que están dispuestos a reconocer. Los une la incapacidad de escuchar, la necesidad de tener la razón y la convicción de que quien piensa diferente no solo está equivocado, sino que además representa un problema que debe ser derrotado. La polarización que vivimos no es únicamente política. Es emocional. Es el reflejo de una sociedad que todavía no ha aprendido a gestionar sus heridas, sus frustraciones y sus desacuerdos. Por eso reaccionamos con rabia frente a la diferencia. Por eso convertimos el desacuerdo en agresión. Por eso confundimos convicción con intolerancia. Y mientras sigamos interpretando la realidad desde esa emocionalidad, ningún resultado electoral será suficiente para reconciliar al país. Lo paradójico es que la mayoría de los colombianos quiere exactamente lo mismo. Todos queremos más seguridad, más oportunidades, menos corrupción, una mejor educación y una economía que permita vivir con dignidad. Lo que cambia es la forma en que creemos que esos objetivos deben alcanzarse. Sin embargo, hemos llegado a un punto donde discutir el camino se volvió más importante que compartir el destino. Dejamos de hablar de soluciones para dedicarnos a defender identidades políticas. Dejamos de debatir ideas para empezar a juzgar personas. También hemos depositado demasiadas expectativas en la figura del gobernante. Esperamos que un presidente cambie una cultura que lleva décadas construyéndose. Un gobierno puede resolver problemas que nacen en los hogares, en las empresas, en las calles y en la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Pero un país no cambia porque llegue una persona al poder. Un país cambia cuando sus ciudadanos cambian.

Esperamos honestidad mientras seguimos celebrando la viveza. Exigimos respeto por las instituciones mientras buscamos la forma de acomodar las reglas a nuestra conveniencia. Hablamos de convivencia mientras convertimos al contradictor en enemigo. Queremos una sociedad desarrollada, pero pocas veces nos preguntamos qué responsabilidad individual estamos dispuestos a asumir para construirla. Nos resulta más cómodo exigir transformaciones colectivas que revisar nuestros propios comportamientos.

Muchos anhelan vivir en un país como Japón. Admiramos su seguridad, su orden, su cultura ciudadana y su capacidad colectiva para pensar en el bien común. Pero rara vez nos preguntamos si estamos dispuestos a comportarnos como ciudadanos japoneses. Queremos los resultados sin asumir los hábitos que los producen. Queremos una sociedad extraordinaria sin asumir la responsabilidad que exige construirla. Nos fascinan las consecuencias, pero evitamos las causas.

Por eso, más allá de quién resulte ganador, hay una conversación que Colombia sigue aplazando. La reconciliación no puede ser una promesa de campaña ni una consigna electoral. Debería convertirse en una política de Estado y en una responsabilidad ciudadana. Romper con la estigmatización del que piensa distinto debería ser un propósito nacional. Ninguna democracia madura puede construirse sobre la descalificación permanente del contradictor.