Patricia y el Gobierno abierto

Mientras los últimos aguaceros del huracán Patricia se deshacían en Texas luego de atravesar México, el mandatario Enrique Peña Nieto presidía la cumbre de la Alianza por el Gobierno Abierto-AGA (ogpsummit.org), firmada en 2011 y de la cual hace parte Colombia (agacolombia.org). La organización, que cuenta con 66 países, los compromete a incrementar la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación tecnológica aplicada a la democracia y respeto de los derechos humanos, un “cambio en la dinámica tradicional en la que los ciudadanos y sus gobiernos se relacionan”.

La referencia a “Patricia”, por supuesto, no es trivial, pues se trató de un fenómeno excepcional con el potencial de irrumpir y cambiar definitivamente, como lo hicieren Katrina o Sandy en el pasado, todas las perspectivas de crecimiento económico y bienestar de varios Estados. Patricia se desarrolló en el Océano Pacífico en menos de 10 horas a partir de la acreción de varias tormentas y se convirtió en el huracán de mayor potencia de la historia, con vientos superiores a los 320 km/h. Afortunadamente, así como se formó, se disolvió, aliviando pronósticos de desastre total en más de la mitad del país (dicen los mexicanos que fue la Guadalupe la salvadora). El fenómeno meteorológico está muy probablemente asociado con el “Súper Niño” que se vive hace meses en el planeta y requiere de la comprensión colectiva de las variables que lo generan, su eventual asociación con el calentamiento global y, por supuesto, de los cambios drásticos que hubiera producido en el territorio, sus ecosistemas y  del  bienestar de cientos de miles de personas. 

Si bien los huracanes o los Niños climáticos no se gobiernan, sus efectos sí, y la noción de gobierno abierto es fundamental para afrontar las transformaciones ambientales que se avecinan, pues a todas luces se requiere de nuevos mecanismos que potencien la capacidad de la sociedad en pleno para afrontarlos. A medida que los efectos del cambio se intensifiquen, necesitaremos varias veces la capacidad de respuesta que hemos desplegado en el pasado y, sobre todo, necesitaremos innovar a fondo en la gestión colectiva del desarrollo. No basta con mayor y mejor participación, se requiere ingenio, recursos, formación de capacidades y coordinación para no repetir o profundizar las condiciones de vulnerabilidad, lo que predomina. Ahí es donde las apuestas de gobierno abierto se requieren, pues promueven entre otras cosas, acceso a datos e información fidedigna, instituciones de calidad y participación justa y efectiva de la sociedad civil en la formulación de políticas y planes de acción: más y mejor democracia.

A los gobiernos regionales elegidos, a los directores de corporaciones ambientales, a quienes planean lanzarse a futuros comicios, las prácticas del gobierno abierto les resultarán fundamentales para apalancar y legitimar sus respuestas a los retos del posconflicto, pero sobretodo, a las crisis ambientales: hay suficientes voces en todas partes advirtiendo que la naturaleza del mundo cambió y que la única opción es gestionar una transición efectiva hacia la sostenibilidad. A manera de ejemplo, sabemos que Colombia debe ponerse al día en su infraestructura, pero también que no hay que confundir desarrollo con obras, pues no es posible alcanzar los sueños de los años 70 con un planeta lanzado 40 millones de años atrás: no da la magia, ni salvaje, ni domesticada.