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Este grupo de cinco personas, que son designadas y removidas por el Presidente de la República, son expertos en materia empresarial, económica o jurídica.
Recientemente, el primer mandatario Juan Manuel Santos hizo modificaciones a este grupo incorporando a la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, Ana María Ibáñez; y al exviceministro técnico de la Protección Social y negociador de tratados de libre comercio, Javier Gamboa Benavides.
Ambos profesionales reemplazaron, respectivamente, a los miembros salientes del Consejo: Guillermo Perry Rubio, exministro de Hacienda; y a Andrés Escobar Arango, actual viceministro de Hacienda.
Ibañez y Gamboa trabajarán de la mano de los otros tres integrantes del Consejo Asesor de Competencia: Edgardo Villamil, expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia; Mauricio Pérez, decano de la Facultad de Economía del Externado; y Hernán Vallejo González, profesor de Economía de la Universidad de Los Andes.
Estas cinco personas son las que se reunirán a finales de marzo con el superintendente Pablo Felipe Robledo, para tomar una decisión final sobre el caso de supuesta influencia de precios de la arroba del arroz por parte de Molinos Roa y Molinos Florhuila.
Pero este no será el único caso sobre el cual se reunirán para considerar y definir sanciones. La SIC lleva adelante un alto número de procesos de investigación relacionados con una presunta cartelización empresarial en otros mercados o negocios como: azúcar, cemento, subastadoras de ganado, pañales, papel higiénico, vigilancia privada, cuadernos, entre otros.
Así mismo, el grupo de cinco expertos escogidos directamente por el Presidente de la República para ayudar a Robledo a tomar las decisiones que desde la SIC pueden tener participación en cualquier caso o escenario en que se presuma la ejecución de prácticas restrictivas a la libre competencia.
La ley subraya que la función del equipo es solo ayudar, asesorar o colaborar con el análisis de los casos, pues según el artículo 25 del Decreto 4886 de 2011: “el Consejo Asesor será un órgano auxiliar de carácter consultivo y sus opiniones no obligarán al Superintendente de Industria y Comercio”.
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