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Carbones del Cerrejón había obtenido la licencia ambiental para adelantar los trabajos, luego de que la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior estableciera que, según visitas en terreno y material audiovisual, el desvío del cauce del arroyo no afectaría para nada a la comunidad aborigen que interpuso la acción de tutela, por lo que no era necesaria la consulta.
Sin embargo, en mayo del 2016 una acción de tutela fallada por el Tribunal Administrativo de La Guajira ordenó suspender provisionalmente los efectos jurídicos de dicha autorización, hasta que no se revisara nuevamente y de manera exhaustiva la probable afectación de los derechos de la comunidad La Horqueta 2.
Tanto el demandante como los accionados impugnaron la decisión, lo que llevó al Consejo de Estado a pronunciarse. De este modo, la Corporación estableció que no solo era necesario ratificar la suspensión de los efectos jurídicos de la licencia ambiental, sino que además ordenó adelantar el proceso de consulta previa, al encontrar probado que los aborígenes sí se verían eventualmente afectados por el desvío del cauce del arroyo Bruno.
Para la Sala, la posible afectación de los intereses de esta comunidad Wayuu no podían descartarse por el simple hecho de que esta se encontrara asentada fuera del área de influencia del proyecto. Debido a esto, la dirección de consulta previa del Ministerio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la empresa minera deberán llegar a un consenso con el grupo indígena Wayuu.
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