“El Gobierno debe definir la ley de consultas previas”

El directivo habló sobre este y otros retos que tiene el sector, así como los avances de la ley de Alianzas Público Privadas (APP).

Colombia ha avanzado con la reglamentación de la Ley de Infraestructura y la Ley de APP. Pero, ¿qué temas le siguen inquietando para acelerar el desarrollo del sector?
El desarrollo de todas estas obras depende de que podamos remover en Colombia unos obstáculos, como la interferencia de las redes del servicio público en algunas obras, vías, licenciamiento ambiental, las consultas con las comunidades y la adquisición de los predios. Todos esos problemas son una especie de muralla china que ha obstaculizado la ejecución de las obras.

¿Ha faltado gestión del Gobierno?
La Ley de Infraestructura resuelve muy bien esos temas y ya empiezan a verse esos resultados a la necesidad de encontrar soluciones rápidas, cuando hay interferencia de una red de servicio y, segundo, a que se puedan adquirir los predios rápidamente. Pero nos quedan dos temas que no están resueltos aún: el de licenciamiento ambiental que sigue teniendo demoras y generando dificultades al mercado, y el de las consultas a las comunidades que solo se pueden resolver a través de una ley estatutaria que, a su vez, hay que consultarla y concertarla con las comunidades.

Varios sectores se quejan de la demora en reglamentar esa ley.
Yo he dicho muchas veces que ese derecho se ha deslegitimado porque muchas veces, algunos sectores que no representan a las comunidades, se disfrazan de comunidades para detener el avance de una obra y chantajear al Estado. Por eso es necesario definir esa Ley, para que no se detengan las obras.

Pese a esos temas, ¿cómo ve a Colombia frente a la Región?
Colombia está avanzando en APP como modelo concesión. Tenemos una revolución en materia de puertos concesionados, aeropuertos y más de una veintena de vías entre la primera, segunda y tercera generación. Ahora viene la cuarta, así que creo que estamos dándole ejemplo a América Latina, porque estamos haciendo la inversión más alta en carreteras de la Región.

¿Y qué es lo que les inquieta a los inversionistas extranjeros?
El mercado internacional ve con preocupación que en Colombia no hemos podido remover esa serie de obstáculos que se han convertido en riesgos que generan temores e incertidumbre. El mercado también reclama seguridad jurídica, porque un contrato en Colombia no puede ser modificado unilateralmente sin consideración alguna. Otro aspecto es que el país no ha entrado en la cultura de la solución fácil de conflicto, un tema que hace relación a la necesidad de un avance vertiginoso del sector de la infraestructura. Si eso se logra, se van a evitar demoras, que todo llegue a un tribunal, lo que le cuesta más al país.

¿Cuál es su balance de la Ley de APP?
En iniciativas privadas estamos a la espera de que las que han sido presentadas por los particulares salgan adelante. Como APP de tipo concesión, el balance es positivo: ya hemos recorrido la mitad del camino en lo relacionado con las concesiones de Cuarta Generación, pues se han adjudicado seis de la primera ola y están pendientes otras tres.

¿Qué hace falta para avanzar en las iniciativas privadas?
Las APP de iniciativas privadas no han tenido el visto bueno de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pero esperamos que eso sea muy pronto.

A futuro, ¿cree que las APP son el mejor camino para atraer inversiones? ¿En qué otros frentes debería trabajar el Gobierno?
La vinculación del capital privado al desarrollo de la infraestructura a través de las APP es un camino, no “el camino”. Nosotros hemos insistido en que a la tradicional obra pública hay que reivindicarla en Colombia. Tenemos que darle una institucionalidad fuerte al Invías, darle un presupuesto importante, porque hay muchas obras que no necesariamente se hacen a través de la concesión.

Y en el tema de sectores, ¿cree que se han enfocado mucho en carreteras?
Hay que acostumbrar al país a que en materia de APP lo que se puede hacer no son solo vías.