Permítame querido lector las siguientes consideraciones al respecto. Por una parte el papel de financiador por vía de impuestos simplifica en exceso la responsabilidad que la empresa, por vía de su modelo de RSE, puede y debe asumir como un agente socio-técnico generador de valor y de oportunidades para la sociedad, además de poner en tensión innecesaria los espacios de interlocución pública-privada.
Por otro lado la visión del empresario como necesario empleador de la fuerza laboral desmovilizada participante del proceso de reintegración, limita demasiado las opciones para el empresariado y lo somete a graves dificultades de fondo y de cultura al interior mismo de las organizaciones. No quiero con esto, de ninguna manera, subestimar el valor admirable de las empresas y organizaciones que se han comprometido con la vinculación laboral de los desmovilizados, pero si debo afirmar que esta opción no ha sido, no es y no será la principal respuesta a las enormes necesidades de lograr una reintegración efectiva de los excombatientes a la vida social.
Bastaría con preguntarse ¿qué ha sucedido con los más de 45.000 excombatientes de grupos ilegales al margen de la ley que se han desmovilizado en la última década en procesos colectivos o individuales? Resulta sorprendente evidenciar que solo una pequeña proporción de este universo ha sido empleado formalmente por el sistema productivo, una alta proporción ha desertado del proceso y una importante porción se encuentra trabajando en proyectos productivos y planes de negocio.
Allí es donde tenemos el principal reto y el más grandemente remunerador para la sociedad: diseñar, ejecutar y escalar modelos de cooperación que permitan las condiciones necesarias de educación y formación pertinente para la generación de ingresos, identificación de oportunidades ciertas de inclusión en las cadenas de valor, diseño, financiación y encadenamiento efectivo de estas iniciativas inclusivas en grandes cadenas de valor buscando su desarrollo, su escalabilidad y sobre todo su sostenibilidad.
Estos modelos de negocios inclusivos y encadenamientos productivos conducidos bajo las lógicas del mercado y de la competencia han demostrado ser adecuados para la superación sostenible de dificultades como la pobreza, el desplazamiento y por supuesto la reintegración en un escenario de posconflicto. Ejemplos como el de la Andi a través de su fundación, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Cámara de Comercio de Bogotá, prometen ser referentes obligados en el deseo de involucrar adecuada y efectivamente al sector privado en el compromiso con la reintegración en un escenario de posconflicto.
Finalmente debo decir que el verdadero alcance del compromiso privado en el posconflicto muestra su coherencia y su consistencia en la medida en que la sociedad en general entienda que el compromiso con la paz y con el posconflicto no iniciará en aquel anhelado día futuro en el que se logre la firma de un acuerdo para la finalización del conflicto armado; el compromiso con la paz ha iniciado hace muchos años y es una búsqueda permanente y constante de los equilibrios humanos, sociales, ambientales, económicos e institucionales necesarios para asegurar el desarrollo y el progreso para todos en nuestra sociedad.
La paz supone por supuesto esfuerzos en oportunidades, educación, empleo de calidad, emprendimiento empresarial, mejoramiento institucional, justicia, transparencia, seguridad, confianza… y una lista infinita de etcéteras en donde el papel del sector privado resulta vital. Por eso, el fortalecimiento y promoción de iniciativas empresariales comprometidas con la verdadera creación de valor en la triple cuenta de resultados será necesaria para conseguir una Paz duradera y convocante, será por fin demostrar que hemos aprendido.
