Con la irrupción de la empresa privada en las esferas que antes se creían exclusivas de los Estados y con la creación de un mercado financiero global, la ONU lidera desde 2006 una iniciativa que consiste en el desarrollo y aplicación de los “Principios de Inversión Responsable” (PRI por sus siglas en inglés).
Esta iniciativa surge de la invitación que le hace el entonces Secretario General, Kofi Ananh, a los mayores inversionistas institucionales del mundo y consiste en privilegiar el análisis de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG factors por su sigla en inglés) al momento de tomar decisiones de inversión sobre valores emitidos por las empresas, o las naciones.
En situaciones de crisis y de turbulencias en los mercados financieros, respetar este criterio de inversión puede traer consecuencias positivas para los inversionistas, para la estabilidad de las economías y para la sociedad global en su conjunto. Esto actúa como una protección real para los inversionistas al privilegiar la sostenibilidad sobre la rentabilidad especulativa.
Al ser una iniciativa independiente, no es objeto de posibles conflictos de interés con los entes gubernamentales o las empresas privadas. Pretende involucrar a los creadores de políticas publicas, aun cuando no tiene relación directa con los Estados. Su independencia es una fortaleza en términos de credibilidad y de objetividad con los principios que promulga.
La tendencia creciente en su adopción y en el volumen de los activos financieros administrados es una clara muestra de la importancia que ha tomado la iniciativa dentro de los dueños de activos financieros (Asset Owners), los administradores de portafolios de inversión (Investment Managers), y los prestadores de servicios a la industria financiera (Service Providers).
Es una tendencia global de la que Colombia no se puede abstraer. Para lograr la eficiencia en la financiación del periodo del post conflicto, la participación de los inversionistas privados tiene un papel que va más allá de asegurar el cumplimiento de lo acordado y debe contribuir al desarrollo sostenible del país que cierre la brecha que nos dejó 50 años de conflicto. Para esto, la empresa privada y el Estado colombiano tienen el gran reto de acceder en condiciones más favorables a los recursos de los mercados de capitales locales y globales.
Se debe dejar de entender la sostenibilidad como procesos de altruismo o filantropía. No es más o menos sostenible una empresa en la que sus empleados pinten fachadas de escuelas o donen juguetes para los niños; lo que la hace sostenible es el cumplimiento de políticas corporativas que aseguren la permanencia de su actividad en el largo plazo. Y para el caso de los Estados, el fortalecimiento de los elementos propios de la gobernanza.
De otra parte, se debe generar información de manera estandarizada sobre todos aquellos aspectos que demuestren prácticas de sostenibilidad y que no estén reflejados en los estados financieros, y de esta manera, permitir que los analistas puedan privilegiar los factores ASG como una forma de reducir riesgos y de aumentar los beneficios en sus portafolios de inversión.
Los inversionistas están dispuestos a pagar más por comprar bonos emitidos por empresas o Estados considerados sostenibles, lo que se traduce en una reducción de los costos financieros. Y para los emisores de acciones, en un incremento en el valor de mercado de las empresas.
