El cambio climático nos afecta a todos; las conclusiones de expertos y organizaciones como el Panel Intergubernamental en Cambio Climático, (IPCC, por sus siglas en ingles, https://www.ipcc-wg1.unibe.ch/index.html), indican que las pérdidas económicas causadas por los eventos relacionados con el clima han aumentado y tienen mayor afectación en los países en desarrollo, llevando consigo cifras más altas en tasas de mortalidad y daños materiales e inmateriales cada vez mayores.
Para Colombia, la vulnerabilidad a la que están expuestas muchas de nuestras poblaciones, se convierte en una condición primordial y creciente en las afectaciones por desastres de diferente índole. El incremento de las emisiones de CO2 a la atmósfera, principal gas de efecto invernadero que ha dado lugar al cambio climático, es causado, entre otros, por la deforestación, la degradación forestal, y el inadecuado manejo de la agricultura, siendo este sector económico en nuestro país el más expuesto y vulnerable a los fenómenos climáticos extremos.
Dicho panorama exige un trabajo conjunto de los actores sociales colombianos, con gran importancia de la labor que realiza el sector privado en procesos de responsabilidad social empresarial, aportando al mismo tiempo a la sostenibilidad a largo plazo de sus bases de producción.
En el marco del Proyecto ?Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia?, con el auspicio de la Unión Europea, liderado por la Carder de Risaralda junto con otras diez Corporaciones Autónomas Regionales como Corpocaldas, y con el respaldo del Gobierno Nacional, empresas como Ecopetrol, la Chec y la Cámara de Comercio de Manizales se han vinculado al Pacto Intersectorial por la Madera Legal, como una solución a la deforestación indiscriminada en áreas de ecosistemas estratégicos, y al tráfico ilegal de madera con sus nefastas consecuencias sociales, ambientales y económicas.
Asimismo, el proyecto en mención avanza con la firma de nuevos Pactos por la Madera Legal en los Departamentos de Chocó y Cauca y la ratificación de los ya firmados en Caldas, Quindío y Norte de Santander.
Se resalta en este proceso, el compromiso de todas las administraciones municipales, las empresas prestadoras de servicios públicos y el ICA, en el Departamento del Chocó; y en el Departamento del Cauca, el compromiso de la Federación Nacional de Cafeteros y la Universidad del Cauca, entre otros actores. Estos hechos demuestran un nuevo panorama frente a la legalidad de la madera, resaltando la necesidad de que cobre importancia en todos los medios como un asunto que afecta a la población en general por el impacto en el ambiente.
La Gobernanza Forestal es más exitosa en la medida en que la participación de todos los sectores aportan alternativas de solución a las problemáticas de las comunidades rurales, que permitan el mejoramiento de su calidad de vida y disminuya su vulnerabilidad frente a factores como el cambio climático, cuyos efectos los siente el país.
En estos procesos se resalta el enfoque de género y generacional que permita vincular la participación equitativa de hombres, mujeres y jóvenes en los beneficios de los proyectos que aportan a la sostenibilidad social y ambiental.
Los acuerdos buscan disminuir extracción ilegal
Una experiencia se desarrolla en Caldas y Risaralda, donde Ecopetrol, la Chec, las autoridades ambientales, y las administraciones municipales, con el apoyo de la Corporación Aldea Global, desarrollan acciones en los municipios de Marsella, Dosquebradas y Chinchiná, que buscan aportar al manejo de la agricultura y disminuir la extracción ilegal de madera mediante la implementación de sistemas agroforestales.
