Un Estado pesado que frena el desarrollo de las regiones

Colombia vive un serio problema fiscal, y la discusión suele quedarse en cuánto se recauda y cuánto se gasta. Falta preguntarnos quién gasta y desde dónde. Un Estado central que carga con demasiadas responsabilidades gasta más y ejecuta peor.

El centralismo se está autodestruyendo y muy pocos se atreven a decirlo. Las decisiones se toman en Bogotá para todo el país, y lo que se decide de manera homogénea aterriza de forma muy distinta en cada territorio. El resultado son programas más costosos, trámites más largos y recursos que se pierden en el camino. Mientras tanto, las regiones esperan permisos, giros y aprobaciones que llegan tarde, y el desarrollo se frena.

Por eso la descentralización debe verse como una de las soluciones que requiere el país ante la crisis fiscal que abordamos. Trasladar competencias a quienes viven cada uno de los problemas descongestiona al Estado central de cargas que hoy lo desbordan, y permite que el gasto público llegue a su destino con menos intermediarios y a un menor costo. Esto pasa también por reducir el número de concejales: unificar la administración de algunos municipios, bajo criterios técnicos como el tamaño de su población, significa menos estructuras, menos costos y decisiones más cercanas a la gente. Cada decisión que se toma donde ocurre el problema ahorra tiempo y dinero.

Esa autonomía parte de un compromiso. Las regiones que reciban más competencias asumen también más responsabilidades, con reglas claras de responsabilidad fiscal y rendición de cuentas. Quien decide responde por los resultados. Hoy una misma regla se aplica igual en La Guajira, en el Valle y en Cundinamarca. Con más competencias en materias fiscales clave y en asuntos regulatorios, las medidas se diseñan para la realidad de cada zona, y esa es una estrategia seria para gastar mejor.

Descongestionar también implica revisar el tamaño del Estado en sus tres ramas. En el orden local, cada municipio conservaría su nombre, su territorio y su identidad, y compartiría con otros una estructura administrativa más ágil y menos costosa. En el orden nacional, empiezo por la rama que me toca de cerca: un Congreso más pequeño es más cercano, más fácil de vigilar y más eficiente, sin afectar la representatividad. La rama judicial también debe revisar su propio tamaño, empezando por el número de altas cortes.

Un Estado que cueste menos permite que cada peso ahorrado llegue a una vía, a un hospital o a un colegio. Estoy seguro de que los colombianos van a preferir más servicios para su pueblo antes que más cargos políticos.

Una reforma de esta magnitud exige conversar con todas las corrientes políticas y sociales, y escuchar a las regiones, con serenidad y sin ideologías. Ningún Congreso la emprenderá por sí solo, y por eso la decisión final debe quedar en manos del ciudadano. Ese es el sentido del Referendo de Todos, y quiero invitarlo a ser parte de él, desde su casa, su barrio o su región.