Se acabó el chiste de la paz total

La “paz total” fracasó rotundamente. Intentar celebrar acuerdos de paz con Raimundo y todo el mundo, sin ningún plan, ni consideración de tipo legal o político, es una falta de respeto con el país. El Gobierno cree que “poder es querer”, que incluir delincuentes de toda ralea en los diálogos es adecuado, incluso si ya fueron parte de un proceso de paz anterior, y que realizar altos al fuego o despejes, renunciando al deber constitucional de garantizar la seguridad y la defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos, es el camino a seguir.

Todo raya con lo impráctico e ilegal, especialmente por el desmantelamiento de las capacidades militares y de inteligencia, y por el contubernio entre el Estado y los grupos armados delincuenciales, como se ha revelado recientemente.

Todo parecería solamente una política mal concebida y ejecutada, si no fuera por la forma como la Presidencia y el Ministerio de Defensa han contestado las acciones populares instauradas por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) para la protección de los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público de los habitantes de Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Huila, Nariño y Valle del Cauca.

De hecho, la forma como han contestado la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa, en cuatro de las cinco demandas admitidas, constituye una absoluta burla a la ciudadanía. Básicamente, nadie tiene la culpa, ni la responsabilidad del orden público. Las contestaciones traen perlas como que no cuentan con capacidad institucional -recursos suficientes, logística, naves, aeronaves y pie de fuerza- para contrarrestar el desorden público; que no conocen o no les constan los hechos de orden público; que no tienen las competencias constitucionales ni legales para garantizar la defensa y seguridad nacional; que el recrudecimiento del orden público es una “percepción de los demandantes” sin sustento fáctico; que su función no es la protección individual, sino la defensa de la soberanía nacional. En fin: para la Presidencia, la responsabilidad es del Ministerio de Defensa o de los entes territoriales, y para el Ministerio de Defensa su responsabilidad es “genérica y abstracta” y, además, corresponde a los entes territoriales, quienes, obviamente, señalan que el orden público es responsabilidad de la Nación.

Una verdadera vagabundería que demuestra la indiferencia y el menosprecio hacia la ciudadanía, así como una gravísima descoordinación del Estado.

En uno de los procesos, el Tribunal Administrativo de Bolívar -haciendo lo que debía hacer- otorgó una medida cautelar para que la Presidencia de la República coordinara con los diferentes actores la definición y adopción de un “Plan Inmediato de Acción Interinstitucional” para restablecer el orden público, la seguridad ciudadana y la protección efectiva de la población civil. Adicionalmente, exigió un informe detallado de las medidas acordadas, sus responsables y el cronograma de implementación.

El Tribunal Administrativo de Bolívar acabó con el chiste de la paz total y le dio primacía al derecho a la seguridad ciudadana, sin la cual no hay paz ni bienestar posible.

* El autor es miembro de la Junta Directiva de la FEDe.