Presidente de Venezuela promete resolver "impasse" entre Fiscalía y Tribunal Supremo

El fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), catalogado por la oposición como un punto de quiebre que convierte al Gobierno de Maduro en una dictadura, desató protestas mientras crecía la presión externa en su contra.

"Cuántas controversias surgen entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que demandamos aquí y demandamos allá, o entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, que capturamos a unos delincuentes y los sueltan, y las controversias no pueden llevar a posiciones extremas de destrucción de la democracia", dijo Maduro en un acto público tras alabar la "independencia" de los poderes públicos venezolanos.

"Por eso yo, como jefe de Estado, asumo a través del diálogo y la Constitución la tarea de resolver hoy mismo el impasse que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia", agregó.

Más temprano, en una rara crítica interna, la fiscal general, Luisa Ortega, llamó a revisar la sentencia del TSJ.

"En las recientes decisiones se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución", dijo Ortega, durante la presentación de su informe anual, ante el aplauso de los asistentes.

"Lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación", agregó.

El Ministerio Público, junto al Contraloría y la Defensoría del Pueblo, constituyen el Poder Ciudadano, uno de los cinco poderes públicos de Venezuela. Ortega, de 59 años, ha estado a cargo de la fiscalía desde el 2007 y siempre fue percibida como una figura cercana al Gobierno.

Si bien varios países han elevado su voz tras la decisión de la justicia venezolana, no es habitual que un alto funcionario critique públicamente medidas que puedan favorecer al Gobierno, lo que podría ser una señal de que el apoyo interno a Maduro ya no es unánime.

La noche del miércoles, el supremo venezolano dictaminó que su sala constitucional asumirá el rol de los diputados escogidos a través del voto, desatando la preocupación de varios gobiernos de América y Europa que lo consideraron un deterioro del orden democrático.

Horas antes, la sala constitucional también emitió un decreto que, en la práctica, despoja a los diputados de su inmunidad parlamentaria, abriendo el camino para enjuiciar o apresar a los opositores, que son mayoría en la Asamblea.