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OPINIÓN Educación y posconflicto: lecciones globales para Colombia
jueves, 29 de junio de 2017
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El grueso de los investigadores también coincide en recomendar una focalización en crear un sistema educativo inclusivo y pertinente para lograr acelerar el crecimiento económico por la vía de generar oportunidades para quienes se desmovilizan. Este tipo de educación tiene la virtud de crear autoestima en la población reinsertada, sin la cual resultará imposible potenciar sus habilidades de carpintero, tornero, guardia, cocinero, etc. Esto lo sabe de primera mano la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), la cual ha venido apoyando a cerca de 55.000 desmovilizados durante 2002-2016 (sin incluir aún  17.500 guerrilleros y personal de apoyo de las Farc). Se estima que cerca de 60% de dichos desmovilizados proviene de esquemas de desmovilización colectiva y 40% lo ha hecho por la vía individual.

Las cifras más recientes también indican que cerca de unos 17.000 desmovilizados (34% del total) han tenido relativo éxito en su complejo proceso de reintegración a la sociedad, lo cual nos indica la urgencia de redoblar esfuerzos en este frente. Por ejemplo, solo 30% de los reinsertados tiene empleo formal, aunque se afirma que hasta 70% de ellos “están ocupados”.

A este respecto, cabe señalar que la reciente Gran Encuesta Pyme de Anif reveló que solo 22% de las Pymes estaban dispuestas a contratar reinsertados; y esto en la medida en que su formación y capacitación resultara adecuada para las tareas de la empresa. No cabe entonces ser muy optimista en este frente de reinserción, ya que el grueso de los desmovilizados carece de educación formal, como era de esperarse. Por ejemplo, sus niveles de educación pueden resumirse así: i) con educación básica primaria figuran 14.000 (27,5% del total de 50.227); ii) con educación secundaria unos 8.000 (16%); y iii) con educación superior cerca de 500 (1%). Este panorama nos indica que tan solo 1 de cada tres desmovilizados podrá aspirar a contar con empleo formal y que sus niveles de remuneración probablemente solo serán satisfactorios para 1 de cada 4. Esta complejidad de absorción laboral satisfactoria seguramente está en la raíz de la problemática de aquellos que han desertado de estos procesos, a razón de 1 de cada cuatro durante la última década según la propia ACR.

Las experiencias de El Salvador y Guatemala no son muy alentadoras en este frente de absorción de la mano de obra desmovilizada. Anif ha venido señalando que Colombia es proclive al “efecto avispero” observado en estos países centroamericanos en sus periodos de posconflicto, dado el ambiente de narcotráfico y delincuencia organizada. Recordemos que, tras el acuerdo de 1992, la delincuencia en El Salvador se ha incrementado al pasar de niveles de 30.000 a 70.000 personas (ver Comentario Económico del Día 27 de febrero de 2017).

De allí la importancia de habilitar la educación como una herramienta para la innovación productiva de Colombia, especialmente en proyectos de agro-industria. Curiosamente, la historia también nos indica que existe una elevada correlación entre épocas de conflicto militar y disposición para la inversión en educación en las etapas de posconflicto. Por ejemplo, la ley para la defensa de la educación nacional, en Estados Unidos, nació como respuesta al programa espacial de la Unión Soviética en los años sesenta. Tanto la Agencia estadounidense de Defensa e Investigación (responsable de la creación del internet temprano) como la Nasa son de la era Eisenhower y consecuencia de la búsqueda de tecnologías con potencial estratégico para la defensa (ver The Economist, “Free Exchange”, abril 9 de 2017).

En síntesis, la educación debe cumplir un papel fundamental en el posconflicto para lograr la reintegración de los excombatientes a la vida civil y a la legalidad. Pero lo anterior no debe implementarse bajo los formatos de huelgas repetidas de Fecode, pues esas asignaciones presupuestales forzadas precisamente ponen en duda el objetivo último de mejorar la efectividad y calidad educativa. Los retos inmediatos para Colombia son numerosos y los recursos presupuestales escasos: i) deben reforzarse los programas vocacionales para ganar en pertinencia educativa posconflicto; ii) deben abaratarse los costos en parafiscalidad laboral (hoy bordeando multiplicadores de 1,5 veces sobre la asignación básica y, además, indexada de facto a la inflación +1% anual); y iii) deben focalizarse en sectores con altas capacidades de absorber esa mano de obra, como en proyectos agro-industriales.