Una reforma agraria no solo es dar tierra

A la luz de las permanentes alocuciones e intervenciones mediáticas del presidente Gustavo Petro, la reforma agraria sigue siendo uno de los hilos conductores de sus políticas públicas y en ese sentido la tierra, y su proceso de compra para garantizar el acceso a la propiedad productiva a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, es toda una meta.

La estrategia siempre ha sido la adquisición de predios por parte del Estado y la consecuente entrega a los beneficiarios, todo con el objetivo de reducir la pobreza, disminuir las precariedades y promover el desarrollo rural.

En el último informe del Ministerio de Agricultura, con corte a diciembre del año pasado, la compra de tierras registra 494.556 hectáreas y un total de 1.868 predios, es decir, casi medio millón de hectáreas en todo el país; es preciso recordar que la meta oficial era de tres millones de hectáreas, en una suerte de meta mega consignada en el proceso de paz de administraciones pasadas.

Más allá del proceso de compra y entrega de predios, la Contraloría General presentó un informe en el que señala presuntas irregularidades en la adquisición y adjudicación de los terrenos destinados al fondo de tierras. Según el organismo de control, se encontraron inconsistencias por un valor de $160.000 millones, además de retrasos en la entrega de los predios a sus beneficiarios.

Uno de los principales hallazgos del informe es la compra de tierras con suelos inadecuados para la producción agropecuaria, algunos de los predios adquiridos tienen hasta 50% de su superficie en suelos clasificados como clase VII y VIII, que no son aptos para cultivos ni ganadería.

El proceso puede ser frustrante, no solo por las falsas expectativas para los eventuales beneficiarios, sino por lograr hacer productivas las tierras, máxime cuando los costos de producción son elevados y de difícil acceso por parte de comunidades.

Hay un Sistema Nacional de Reforma Agraria andando que no considera temas sustanciales más allá de la compra de predios. Tiene varios subsistemas: de adquisición, adjudicación de tierras, garantía de derechos territoriales; de delimitación, constitución y consolidación de zonas de reserva campesina, delimitación; de ordenamiento territorial y solución de conflictos socioambientales para la reforma agraria; de acceso a derechos y servicios sociales básicos, infraestructura física y adecuación de tierras; de investigación, asistencia técnica, capacitación, transferencia de tecnología y diversificación; de crédito agropecuario y gestión de riesgos, y de delimitación, constitución y consolidación de territorios indígenas y de territorios colectivos.

Claramente todo un sistema que no considera la productividad de la tierra; una cosa es la satisfacción de la necesidad básica de la vivienda o el trabajo, y otra muy distinta hacer de Colombia una despensa agropecuaria que sustituya las importaciones de frutas y alimentos.

La reforma agraria no solo debe ser entregar predios, es que los beneficiarios produzcan y sean productivos, que tengan acceso a tecnologías de punta y financiación de cultivos y seguros de cosechas. Con todos los problemas de inseguridad del campo colombiano, el primer elemento de una reforma agraria estructural, no es la repartición de tierras, es garantizar la seguridad y erradicar el flagelo de la extorsión y el secuestro.