Un decretazo del mínimo borraría un buen consenso

Los gremios de la producción y las centrales obreras deberían sentarse a hablar, además del incremento del salario mínimo para el nuevo año, de temas estructurales como las reformas laboral y pensional, asuntos que seguramente serán abordados al amanecer del año entrante. Bien se podría decir que el tema del mínimo es la cuota inicial de lo que se viene en febrero bajo la opinión tutelar del Ministerio de Trabajo, que no debería tener una jugada privilegiada entre manos como es decretar un alza salarial que no sea por consenso.

Son muchas las cosas que se juntan: la inflación no parece bajar antes del primer trimestre y 15% parece ser el techo que va a alcanzar la variación de los precios al consumidor; ahora bien, si el argumento de los sindicatos y del Gobierno Nacional, de fuertes ideas de izquierda, es recuperar para las personas el poder adquisitivo perdido en el transcurso del año, es lógico que todo suba a lo largo de 2023 al mismo ritmo del incremento del mínimo. Si hay un decretazo de 18%, 19% 0 20%, esa cifra será el case inicial de la inflación esperada para 2023; el transporte, los importados, los colegios, la universidades, los útiles escolares, los alimentos, arrendamientos, son gastos agazapados a la espera del incremento; solo para mencionar algunas cosas, todo experimentará alzas forzadas por el mínimo.

Siempre ha sucedido eso en Colombia. Claramente el alza del salario tiene un poder de arrastre inocultable y la consecuente noticia para febrero próximo será que la variación de precios al consumidor y al productor ya absorbieron el alza de los salarios. Es básico: si hay demanda de bienes y servicios por mayores ingresos de las más de 14 millones de familias, la oferta seguirá el mismo curso y el costo de vida se mantendrá subiendo en un círculo vicioso típico de los gobiernos populistas que pretenden ayudar a las familias con actos gubernamentales, quizá bien intencionados, pero con consecuencias inflacionarias crónicas.

Es lo que pasa con los precios inestables en Venezuela y Argentina, solo para traer a colación dos casos en el vecindario. Hoy más que nunca, la economía colombiana requiere consensos sólidos, no decretazos, para sortear un año que pinta muy malo; seguramente el PIB estará cercano a 2%, con antecedentes de 10,8% y 7,5%, en 2021 y 2022, respectivamente, lo que quiere decir que habrá un par de trimestres de crecimiento negativo que pone a la actividad económica colombiana en la senda global de la recesión, un estado de la economía marcado por la disminución de todas las actividades comerciales e industriales, sumados bajos ingresos y aumento del desempleo.

Casi siempre es mejor un mal (o regular) acuerdo que un pleito largo, rezan los abogados sensatos, y el dicho se trae a colación porque el país experimenta en los próximos 44 meses de administración Petro grandes reformas en las que el consenso es fundamental. No hay que caer en el juego de sacrificar las útiles negociaciones, consensos y acuerdos, para avalar los decretazos de los gobiernos de turno. Pararse de las mesas de negociación, ceder en discusiones complejas o dar la razón a violentos es el camino expedito a los mandatos autoritarios que se amparan en normas constitucionales y legalistas para atornillarse en el poder. El Gobierno quisiera tener esa linda oportunidad de que no haya consenso para decretar el salario mínimo y llevarse un punto de oro en su aceptación en la opinión pública.