La Contraloría debe aclarar si el documento sobre minería es su posición oficial o busca enriquecer el debate
La minería siempre ha sido objeto de debate, aquí y en todo el mundo. Debate que involucra variables de distinto tipo, unas con mayor validez que otras. Entre las primeras, se destaca el impacto que sobre el ambiente produce la explotación y luego el impacto económico que trae sobre el resto de la actividad productiva.
En ambos casos, la discusión es válida y hay que darla. En el tema ambiental, se debe partir de una realidad contundente: toda actividad que implique explotación extractiva genera un daño ambiental, por lo que el paso siguiente es determinar si ese impacto se puede minimizar o buscar mecanismos de compensación que permitan a la sociedad y comunidades afectadas, hacer un equilibrio entre lo que se pierde y lo que se gana. Las autoridades deben estar al frente de este trabajo para garantizar que se logre el cometido. En los casos, en los que el daño es irreparable, como en los páramos, la prohibición no deja dudas.
En el asunto económico, la discusión contiene una dosis de pragmatismo mayor. Nadie puede desconocer la importancia que representa la renta petrolera y minera y su impacto sobre el resto de la actividad productiva en términos de encadenamientos, a través del cual se genera el mayor empleo y valor agregado. Y para ello están las políticas monetaria y cambiaria. Hay otro debate al que hay que atender con cuidado: la locomotora minera está siendo sometida a un pulso político que sin duda reporta réditos a quienes lo impulsan con fines electorales.
La publicación de un documento elaborado por Luis Jorge Garay, contratado por la Contraloría General de la República, cabe sin duda dentro del debate, pero el organismo de control debe aclarar primero si las teorías expuestas por Garay y su equipo corrresponden a una posición oficial, pues si es así, no es una buen señal para el futuro de la minería, locomotora del crecimiento económico, sería una especie de guillotina amenazante para los funcionarios que deben tomar decisiones en la materia.
Por lo anterior, resultó muy oportuna la referencia del presidente Juan Manuel Santos sobre el tema en un evento del sector : “Aquí hay empresarios mineros y de hidrocarburos que respetan las leyes y hay tres tipos de mineros: las empresas mineras legalmente constituidas, los mineros artesanales y los mineros ilegales, pero a todos no vamos a cometer el error de meterlos en el mismo saco”.
Las últimas cifras sobre minería no son las mejores: una caída en las exportaciones de carbón por asuntos laborales y fallas ambientales, pero también por una baja en los precios internacionales y aunque hay un aumento en la explotación petrolera, las cifras a mediano plazo no son para nada alentadoras porque no hay descubrimientos importantes.
