Se acaba la legislatura para las reformas

El próximo 20 de julio se instalará una nueva legislatura en el Congreso colombiano que dará comienzo al segundo año de esta administración nacional que adelanta reformas estructurales en materia de salud, pensiones y el régimen laboral, asuntos que no solo había recomendado la Ocde adelantar, sino la banca multilateral para adecuarse no solo a las necesidades de los colombianos, sino a la luz de las finanzas estatales.

Se le abona al Gobierno Nacional y al Congreso que estos temas sean discutidos de cara al país político y económico, pues son transformaciones esenciales, que si no se ejecutan bien hechas, conciliadas y socializadas, destruyen lo construido y se pierde una oportunidad de oro para mejorar el bienestar de los colombianos.

Las tres reformas afectarán al tejido empresarial colombiano de manera sustancial, especialmente en lo concerniente al nuevo régimen laboral por las nuevas cargas que se derivan y los cambios que le impriman al sistema de salud por compromisos de financiación y de servicio; el tema de las pensiones será trascendental para todos los colombianos formales ya cotizantes, pues el nuevo sistema afecta su ahorro mensual y la expectativa de pago futuro de los trabajadores formales, y además compromete las finanzas públicas destinadas a subsidiar al resto de nacionales que no accedan a pensiones.

Desde 1991 no se planteaban tres reformas simultáneas de tanta envergadura para las nuevas generaciones, lo cual es meritorio, pero se acaba el tiempo de esta legislatura y la necesidad de socialización de las propuestas brillará por su ausencia, especialmente en las regiones, en las universidades y en todos los foros gremiales de medio año; aún hay cosas por explicar, cabos sueltos, compromisos, modificaciones y máxima observancia al verdadero beneficio para toda la sociedad. Quizá cambiar por cambiar no sea el camino de éstas reformas, debería ser mejor aún, construir sobre lo construido durante las tres últimas décadas.

Colombia no se puede dar el lujo de hacer mal estas tres reformas estructurales, que dicho sea de paso, ya se abordaron, ahora solo queda que haya consenso general para hacerlas bien hechas sin afectar lo avanzado ni perjudicar a las personas, mucho menos a las empresas o al sector productivo como jugador en salud y pensiones.

El sexto y el séptimo mes del año están cargados de puentes festivos; los congresistas no trabajan los lunes y los viernes; habrá elecciones regionales y municipales en octubre; el Gobierno Nacional ha debilitado sus mayorías en el Congreso; no ha habido mucho juego académico universitario en las anunciadas reformas y no se les ha hecho mucho caso a los estudios de los gremios económicos sobre los diferentes temas, por tanto, el tiempo apremia y la eficacia y efectividad de estas reformas no debe dejarse al arbitrio de congresistas apresurados que las aprueben a media noche, a las carreras, solo movidos por contratos estatales, unos puestos burocráticos o una embajada.

No hay mucho tiempo para sacar adelante las reformas propuestas ante el Congreso; con el sistema de salud, las pensiones y la manera como se dicta el régimen laboral no se puede jugar, son ciertamente reformas estructurales en las cuales no puede haber nada de improvisación y el mismo Congreso debería analizar la coyuntura y no comprometer su papel en el trámite.