Rabia por la descarada danza de los millones

No puede ser más contundente y dramático el informe de la relatoría fiscal que la Contraloría General acaba de entregar al gobierno sobre la Refinería de Cartagena, Reficar: el daño sobre las finanzas públicas, que finalmente son recursos de los colombianos, ascendió a $8,5 billones, US$ 2.870 millones.  Esto implicó que de un presupuesto inicial de US$ 3.777 millones se pasara a un costo de US$ 8.016 millones, lo que significa un aumento de 112%, lo que “evidenció la danza de los millones en un proyecto mal manejado que no tuvo las buenas prácticas como se debe manejar la construcción de un bien público como Reficar”. 

El monumental proyecto ya entró en operación y nadie pone en duda su magnitud y aporte a las cifras de la industria nacional, pero tampoco se puede exagerar su importancia estratégica y la poca claridad acerca de su sostenibilidad financiera, pues sus rentas están pignoradas a los prestamistas con el agravante que, por efecto de una mala planeación financiera, la tasa de rentabilidad esperada está por debajo en más de un punto a la de la deuda del proyecto. Esto, en términos sencillos implica que la operación no alcanzará a cubrir el servicio de la abultada deuda.

La investigación de la Contraloría es cuidadosa. Un equipo de 28 auditores revisaron 177 subcontratos cubriendo todos los aspectos legales de contratación y el análisis financiero minucioso para sustentar las irregularidades de todo tipo, algunas de las cuales producen desconcierto y rabia: se pagaron en exceso 2,3 millones de horas de trabajo por más de US$350 millones, hubo extranjeros a los que se les pagaron US$400 por hora y absurdamente hay trabajos realizados desde Holanda, Egipto o China. El control en la construcción parece haber sido nulo: a los trabajadores les dieron incentivos con el propósito de terminar la obra lo más pronto posible por más $80.000 millones, pero se detectó que algunos trabajaban de día y destruían de noche lo que habían hecho con el fin de prolongar las obras y obtener más recursos. Sin duda que esta es una conducta criminal, pero en buena parte resultado de la negligencia y desgobierno en la compañía.

Lo que acaba de hacer la Contraloría es la base para que otras entidades actúen, pero con un plan coordinado y urgente. Organismos como la Fiscalía, la Procuraduría, la Dian, la Superfinanciera y la Supersociedades, entre otras, deben realizar su trabajo en equipo y con un criterio unificado en la defensa de los intereses públicos y no para que cada una se destaque. Los colombianos esperan que lo ocurrido en Reficar no quede en informes, disculpas y recriminaciones, pues finalmente son recursos públicos que se derivan del esfuerzo de la gente; la acción de las autoridades debe ser ejemplar, sin morbo ni dañinos impactos mediáticos, tan comunes en la actualidad.