miércoles, 5 de febrero de 2020

La Procuraduría abrió investigación por las inconsistencias en el proceso de selección de los operadores del espectro adelantado por el Mintic, decisión que pone en jaque el desarrollo

EditorialLR

Los pasados días de fin de año estuvieron marcados por dos acontecimientos cruciales para el desarrollo económico del país. El primero tenía que ver con el trámite de la llamada Ley de Crecimiento Económico, que no era una cosa distinta de una segunda reforma tributaria durante este Gobierno; y el segundo, no menos importante, era la subasta del espectro radioeléctrico que buscaba la masificación del internet de banda ancha.

Ambas situaciones ocurrían en un tiempo en el que la opinión pública estaba concentrada en las festividades y en el cierre del año. La reforma tributaria salió sin mayores problemas, pero la subasta del espectro no ha contado con la misma suerte y ha tenido traumatismos que han llevado a la Procuraduría General de la Nación a solicitarle al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a evaluar la suspensión del otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional, hasta que se aclare cuál es la cuantía que obtendría el Estado producto de la subasta realizada el 20 de diciembre del año pasado.

La decisión obliga a revisar si la firma Partners, a la que se le adjudicó un bloque en la banda de 2.500 MHz, cumplió con las condiciones de objetividad y transparencia de la contratación estatal. Este tropiezo debe aclararse con prontitud, pues las demás empresas que participaron necesitan mucha claridad en las reglas de juego.

Se presentaron cuatro compañías que hicieron sus mejores ofertas para obtener asignaciones de frecuencia por 20 años, por las cuales pagará en un plazo máximo de 17 años. El objetivo era conectar al mayor número de zonas incomunicadas entre uno y cinco años.

La operación le salió muy mal al MinTIC, pues ese espectro que pertenece a la Nación no ha sido bien valorado y ronda la confusión entre los participantes en la convocatoria, sembrado aires de improvisación en un sector muy competido en el que los jugadores son escasos.

Se subastaron las bandas de 700 MHz y 1.900 MHz, y solo una parte de 2.500 MHz. Hubo solo cuatro oferentes que manifestaron interés y fueron habilitados: Claro, Movistar, Tigo y Partners, empresa del Grupo Novator que en la región opera en Chile como WOM.

Pocas semanas después, la Procuraduría se ha referido al tema y ha abierto investigación disciplinaria contra el director de Industria de Comunicaciones del Ministerio por las presuntas inconsistencias en el proceso de selección de Partners, a la que se le adjudicó un bloque en la banda de 2.500 MHz, pero quien habría participado en la subasta en condiciones más flexibles que sus competidores.

En cuentas internas del Ministerio en cinco años se podrían obtener inversiones superiores a los US$5.000 millones producto de las obligaciones adquiridas en el proceso, contando con la infraestructura que se desplegaría en el mercado local.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el Estado y la regulación respectiva -en el negocio de las telecomunicaciones- es que dos de los grandes jugadores en el mercado interno tienen participación de empresas públicas a través de EPM y Coltel, situación sobre la que se han quejado en repetidas ocasiones los demás jugadores internacionales.La decisión de la Procuraduría debe ayudar a mostrar la claridad de las reglas jurídicas, pues es un sector de grandes inversiones a muy largo plazo.

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