Por un ajuste fiscal sin daño al crecimiento

La literatura económica dicta que un ajuste fiscal es un conjunto de medidas tomadas para reducir el déficit presupuestal; en otras palabras, son las acciones de un administrador nacional ante el crecimiento de los gastos y la disminución de los ingresos. A simple vista, el gobierno nacional ha proyectado un Presupuesto General para 2027 cercano a los $600 billones, pero solo cuenta con unos $300 billones derivados de los impuestos nacionales. Esta situación obliga a financiar aproximadamente 50% del gasto, aunque existen ingresos corrientes provenientes de inversiones estatales y dividendos de empresas industriales y comerciales del Estado, como Ecopetrol.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no tiene otro camino que recortar el gasto público y atacar la evasión y elusión de impuestos -para evitar aumentarlos- con el fin de equilibrar las cuentas del Estado. Estas, dicho sea de paso, quedaron muy maltrechas durante la administración de Gustavo Petro, la cual no solo descuidó el recaudo de la Dian, sino que prometió dinero público que no se multiplica. Asimismo, dicho gobierno aumentó la contratación estatal, particularmente mediante empleos en ministerios, superintendencias y direcciones de empresas públicas, además de beneficiar a proveedores y contratistas frecuentemente recomendados por congresistas afines a su gestión.

Una de las razones del bajo desempleo registrado durante el gobierno de Petro fue el incremento de empleados públicos -algunos bajo contratos fijos y otros por periodos cortos-, a lo que se suma el empleo autónomo o independiente. Esto ha hecho que la cifra de desempleados en Colombia ronde los 2,3 millones de personas que no buscan empleo, pero que tampoco aportan a la seguridad social. Así, la informalidad supera 50% en un país de 56 millones de habitantes, 20 millones de familias y una población económicamente activa de 24 millones.

Las autoridades económicas del nuevo gobierno deben monitorear rigurosamente estas cifras para que el ajuste fiscal -es decir, el plan de ahorro estatal- no afecte el empleo formal ni golpee el crecimiento económico, proyectado en un 2,8%. La tarea económica de la administración De la Espriella no es fácil; los funcionarios que asumirán estos roles para los próximos cuatro años deben aportar ideas novedosas para reactivar la economía en medio de un gran recorte. Por ejemplo, se debe acudir a créditos blandos que reemplacen la costosa deuda adquirida por el gobierno saliente.

De igual forma, se podría replicar la estrategia del expresidente Álvaro Uribe de acudir a fondos solidarios internacionales de Estados Unidos y la Unión Europea para financiar el desarrollo y la reducción de la pobreza. A diferencia de los tiempos de Uribe, hoy China es un jugador regional que puede aportar mucho al país; la clave está en que la diplomacia colombiana logre trabajar con chinos y estadounidenses sin que ninguno de los dos bandos vea afectados sus intereses.

Los embajadores de Colombia en Estados Unidos, los países clave de la Unión Europea, China e India serán fundamentales para ayudar a la administración De la Espriella a conseguir recursos adicionales que mitiguen el impacto social del ajuste fiscal. Colombia ya demostró durante la administración de Andrés Pastrana su capacidad para conseguir financiamiento internacional destinado a un plan estructural enfocado en el orden público; esa experiencia debe traerse a valor presente en los tiempos actuales de Donald Trump.