Peajes urbanos para financiar grandes obras

No todo es malo ni inoportuno en la reforma tributaria que radicó el Ministerio de Hacienda, esta vez incluyó un artículo en el que se establece que las ciudades capitales podrán instalar peajes dentro de su jurisdicción con el fin de desatrasar su malla vial y solucionar los problemas de movilidad e incluso ambientales; por ejemplo, el distrito de Bogotá y el municipio de La Calera podrían solucionar por fin su problema de conexión con un túnel privado (como el túnel de Oriente en Medellín) que sea pagado con un peaje del que quedarían exentos las bicicletas, los bomberos, las ambulancias, los vehículos de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional y los oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entre otros. Es una manera de abrir posibilidades en la financiación de grandes obras sin tener que acudir al Gobierno Central. Con esta medida, el Gobierno no solo prevé la disminución de la contaminación generada por las emisiones de los vehículos, sino que también espera que esta sea una fuente de financiación para mejorar la infraestructura vial, uno de los mayores reclamos de los contribuyentes al pagar sus impuestos.

Para colocar estos peajes urbanos, ciudades como Bogotá, Medellín o Cali tendrían que pedir una autorización al Concejo municipal o distrital sin que el Ministerio de Transporte tenga que mediar ningún concepto vinculante previo. El valor de la tarifa sería diferencial, es decir, se fijaría en proporción a las distancias recorridas en la ciudad, las características vehiculares y sus respectivos costos de operación. Por su parte, su valor sería estipulado por la autoridad distrital o municipal competente. Es una clara solución a los problemas de movilidad que debe ser aprobada por el Congreso, de tal manera que las grandes ciudades ganan en competitividad, bienestar y mejoramiento ambiental.

La propuesta está concebida en el segundo título de la tributaria rotulada, “Equidad en la redistribución de cargas ambientales” que incluye varios instrumentos para la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático y la contaminación, denominados impuestos verdes. Hay puntos que pueden pasar desapercibidos u omitirse en la discusión, como son los impuestos verdes que son necesarios haciendo prospectiva de lo que serán obligaciones globales en los próximos años. Se propone la creación del Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Fonclima, que tendrá como objetivo articular, focalizar y financiar la ejecución de planes, programas y proyectos orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático. Se modifica el impuesto al carbono para incluir en el carbón térmico y el gas, en el que los sujetos pasivos y responsables del impuesto son quienes lo adquieran o utilicen para consumo propio dentro del territorio nacional. Para liquidar el impuesto, la tarifa será de $41.861 por tonelada, se establece que el tributo no se causará en la exportación, y se plantea una aplicación gradual, desde 0% de la tarifa en 2022 y 2023, hasta tarifa plena en 2028. La moraleja que queda luego de conocer la exposición de motivos de la reforma tributaria es que hay una interconexión de decisiones tributarias, no se trata de financiar obras que desatranquen la movilidad si éstas no tienen una relación directa con el mejoramiento del ambiente. Quizá sea otra manera de ver los tributos.