Definir la ruta de navegación del próximo año requiere de un análisis serio por parte del congreso de la república.
Como es la obligación legal, el Gobierno acaba de presentar a consideración del Congreso el proyecto de presupuesto, en esta oportunidad para la vigencia 2014 y el legislativo deberá tramitarlo, primero aprobando el monto y luego el contenido mismo para que entre en vigencia el primer día del nuevo año.
Tradicionalmente, se hace alusión al tema en función de los montos globales, su incremento frente al año anterior y algunas partidas agregadas como lo que se destina para gastos de funcionamiento e inversión. En esos términos, la opinión pública sabe que la cifra total es de $199 billones y que a gastos de sostenimiento se tienen programados unos $115 billones. Pero el presupuesto es mucho más, y antes que los datos específicos de las partidas, va más allá de ser un instrumento fundamental del manejo de las finanzas del Estado, a ser la carta de navegación que aunque tiene vigencia para un período específico, hace parte de lo que aquí llamamos el marco fiscal del mediano y largo plazo. Si solo fuera eso, bastaría para darle la mayor relevancia en el entendido que ese marco se deriva de la ley de responsabilidad fiscal cuyo principio general establece la necesidad de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de la búsqueda de un sano equilibrio o superávit en el futuro.
El presupuesto es la carta de navegación del Estado que involucra el manejo de toda la política económica y es el mecanismo que concilia esa política con los objetivos del desarrollo contenidos en el plan nacional que guía al gobierno durante el cuatrienio en el que responde por los destinos del país. En ese orden, uno esperaría que la discusión y el debate sobre el presupuesto, fuera en el Congreso un tema prioritario en la agenda legislativa. Desafortunadamente en nuestro país, desde hace mucho tiempo, la pobreza conceptual en el manejo del tema en las sesiones del Congreso es lastimosa. Una que otra intervención para pedir aclaraciones al Gobierno antes de aprobar el monto y luego las consabidas maniobras para lograr que se incluyan los pedidos de los congresistas en los programas de gasto del gobierno para la nueva vigencia.
El debate, al menos juicioso, se reducirá a lo que se diga en los medios de comunicación y a algún documento de un centro de investigación. Aquí estaremos pendientes del asunto, pero por ahora solo bastaría que se profundizara más sobre qué tanto le conviene al país que lo destinado para el pago del servicio de la deuda pública supere al de inversión pública, por qué hay una caída de la participación de esa inversión en los últimos tres años en términos del PIB y si no será muy arriesgado hacer las cuentas fiscales estimando que el precio del petróleo esté en US$100 el barril en 2014.
