Más alternativas a la hora de fumigar la coca

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito denuncia que en Colombia hay 261.386 hectáreas sembradas de coca, lo que representa un incremento de 3,5% frente al registrado en 2023. Entre 2014 y 2024, el área sembrada aumentó 278%, lo que significa que prácticamente se cuadruplicó. No es simplista afirmar que no existe un negocio más rentable que cultivar hoja de coca, la cual los narcotraficantes transforman en cocaína para comercializarla en las ciudades colombianas y en casi todo el mundo.

Este negocio, según recientes estudios de la Universidad de los Andes, supera los ingresos que recibe Colombia por concepto de remesas; es decir, más de US$16.000 millones. Se trata de una actividad “agroindustrial” e ilícita a la que la administración de Gustavo Petro no prestó la suficiente atención. De hecho, no hubo políticas públicas efectivas tendientes a disminuir este cultivo, el cual sigue dominando el mercado en los departamentos del litoral Pacífico y en las regiones de acceso a la Amazonía y la Orinoquía.

La realidad es que la coca es el octavo cultivo con mayor área sembrada en el país, solo por detrás del café (836.785 hectáreas), la palma de aceite (703.932), el arroz (699.133), el maíz (580.175), el plátano (496.207), la caña de azúcar (286.914) y el cacao (268.932). Con el cambio de gobierno y, atendiendo a las promesas del presidente electo, Abelardo De La Espriella, las fumigaciones sobre esas 262.000 hectáreas sí se van a reactivar.

El objetivo es enviar un mensaje global de que el gobierno colombiano ataca el flagelo del narcotráfico desde su responsabilidad como país productor. Sin embargo, la fumigación no debe ser la única herramienta para combatir los cultivos; también es imperativo sancionar a los productores que hacen de esta actividad ilícita una forma cómoda de enriquecimiento, evadiendo la responsabilidad sobre el daño que la cadena de la coca causa a los consumidores. Durante los últimos años, se ha permitido que poblaciones enteras deriven su sustento de esta economía ilegal.

La hoja de coca no se genera de manera espontánea: existe un propietario de los terrenos, un agricultor dedicado a la actividad, procesadores y exportadores que han consolidado un negocio mortal. Por lo tanto, a las fumigaciones se les debe sumar la acción penal de la extinción de dominio sobre los terrenos donde crecen las plantas y se asientan los laboratorios, de la misma manera que en las ciudades se expropian los locales y viviendas utilizados para el expendio y el microtráfico.

Asimismo, si estos cultivos prosperan en Parques Nacionales Naturales, los funcionarios competentes deben ser señalados por permitir que el narcotráfico avance en terrenos estatales. Estas más de 262.000 hectáreas de coca se monetizan generando lavado de activos, mayor inflación y una oferta monetaria distorsionada a la que no le importan ni le afectan las políticas contractivas del Banco de la República. Paralelamente, a las comunidades que desde hace 50 años se dedican a estos cultivos se les deben brindar alternativas reales de sustitución.

Esto debe ir acompañado de un proceso de pedagogía social que sensibilice a los actores locales sobre cómo la hoja de coca es el origen de la violencia enquistada en Colombia. Obviamente, un enfoque más penal y policivo contra los narcotraficantes, independientemente de su rol en esta nefasta cadena, requiere de una presencia institucional fuerte que respalde el cumplimiento de la ley.