Las 4G, más allá de desafíos financieros

Gran parte del crecimiento económico que se espera para los próximos años, ineludiblemente tiene que ver con el sector de la construcción, sobre el cual están puestas las mayores expectativas. Durante los últimos años al sector no le ha ido bien y su aporte al PIB ha sido inferior a las expectativas trazadas, por ejemplo durante todo 2017, la construcción decreció 10,4% mientras que las obras de infraestructura subieron 7,1%. Si miramos las cifras que deja como herencia este 2018, las cosas tampoco han sido mejores y la caída de su aporte al PIB ha estado incluso por debajo del promedio histórico. Según los recientes datos de Dane al último trimestre, la construcción (incluida vivienda e infraestructura) decreció en -2,5% año corrido. Situación que preocupa si leemos las líneas dedicadas en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración Duque, a las obras de gran infraestructura, sobre quienes están puestas las esperanzas de contribución a la equidad para el próximo cuatrenio. Está claro que se espera que la dinámica constructora sea la que vierta mayor combustible al crecimiento del Producto Interno.

Esa gran expectativa solo se hará realidad si el sector en su conjunto logra saltarse varios de los obstáculos que le impone la realidad política, económica y social. Política, porque el mismo Gobierno no tiene buena iniciativa sobre la transformación que mejore vías, puertos, aeropuertos, colegios, hospitales, distritos de riego y todas esas obras que están llamadas a modernizar y a hacer más competitiva a Colombia; que dicho sea de paso, sigue anclada a media tabla del desarrollo regional y global. Para nadie es un secreto que no solo no avanzamos, sino que retrocedemos en los listados internacionales de competitividad, por los problemas crónicos en la infraestructura, sector al que cada día le salen más asuntos que le hacen perder la velocidad. Más allá de los problemas crónicos de corrupción en el sector, saltan a la vista otros asuntos no menores que tienen que ver con la seguridad jurídica para el sector financiero y los constructores, pues Colombia es un país que cambia las reglas de juego con gran facilidad -no solo en el tema tributario- sino en el manejo de los temas sociales y ambientales.

El sector debe liderar una suerte de “pacto por el desarrollo nacional” en el que se comprometan los jugadores del Estado, los constructores, y la misma banca, para sacar adelante los grandes proyectos estratégicos para un país que debe volverse competitivo para lograr la equidad prometida, pues de lo contrario, el avance será menor y seguiremos capturados por las instancias finales, que no son otra cosa que los tribunales de arbitramento y las eternas peleas que condenan al país a destruir capital y a observar incapaces cómo sus obras nunca se concluyen o llegan a feliz término.

Nadie puede negar que durante la última década el país avanzó en el sector de la infraestructura de la mano de la banca y de el grueso de las grandes constructoras, pero la falta de reglas claras, la crónica corrupción y un Estado de reglas poco claras, han elaborado un manto de duda sobre cada proyecto que se emprende. Hay que empezar por decir que “cierres financieros” no son obras entregadas y que este anuncio con bombos y platillos han generado falsas noticias que frustran las comunidades. Un nuevo Gobierno es la esperanza de que haya un discurso renovado para el sector de la infraestructura que necesita avanzar.