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Más allá de las distancias ideológicas frente a la efectividad de algunos impuestos y su destino, la reforma que se estudia es un auténtico acto de responsabilidad
La asignatura pendiente más difícil de la economía colombiana es sacar adelante una reforma tributaria estructural que solucione en el largo plazo la colcha de retazos en que se ha convertido el sistema de impuestos en Colombia, al que cada año se le cose un nuevo parche para solucionar los ingresos temporales de los gobiernos de turno.
El mayor problema no es que las arcas del Estado vivan en permanente déficit y necesidades, sino que no existe seguridad jurídica para las empresas en materia de impuestos, pues antes cada 22 meses se cambiaban las reglas de juego tributario, y ahora es cada año y sin soluciones a la vista para el futuro. Por ahora cursa en el Congreso la segunda reforma tributaria de esta administración. La primera fue rotulada bajo el título: Ley de Financiamiento, proyecto que terminó devuelto por la Corte por vicios de forma en su trámite legal; la segunda se llama Ley para la Promoción del Crecimiento Económico, que no solo recoge la anterior, sino que le adiciona nuevos impuestos.
Lo importante ahora no es entrar a discutir lo estructural de la iniciativa gubernamental sino su urgencia, pues las finanzas del Estado no están en buenas condiciones, la deuda externa sigue cabalgando peligrosamente a tasas superiores de 42% del PIB y las finanzas de Ecopetrol y el Banco de la República ya no tienen más capacidad de aportarle al Gobierno dividendos. Más allá del rápido trámite tributario es fundamental que se presente un plan urgente de ahorro central, que no solo envíe un mensaje de austeridad a los contribuyentes, sino que muestre responsabilidad y coherencia con el cobro de impuestos al que se somete a las personas naturales y jurídicas. Inexplicablemente, en menos de 500 días de administración se han creado dos nuevos ministerios sin mayores contraprestaciones en el ahorro de la administración central. Es un imperativo para el Gobierno que así como se califica de “urgente aprobación de la nueva tributaria”, haya un plan de ahorro que dé ejemplo de coherencia.
Hay que sacar adelante el proyecto de ley de reforma tributaria que cursa en el Congreso para que las firmas calificadoras de riesgo no revisen a la basa la nota, ni se vaya a bajar el grado de inversión de la economía colombiana. El proyecto de ley ya fue aprobado en primer debate por las comisiones terceras del Senado y Cámara de Representantes con amplia mayoría, pero hay cosas pendientes y el Gobierno Nacional no puede exponer su articulado a nuevas adiciones por parte de los congresistas con ideas o intereses propios.
Lo que resta de esta semana y la siguiente hay que estudiar los tres bloques de artículos: uno de 68 iniciativas sin proposiciones que está siendo evacuado sin mayores problemas y un segundo de 67 artículos con proposiciones sustitutivas en los cuales hay grandes diferencias y en donde pueden sobrevenir los peligrosos vicios de trámite. El último bloque tiene los puntos nuevos con problemas de consecutividad. Es un llamado de atención al profesionalismo y la ética de los congresistas para que no solo consideren la tributaria como un acto de responsabilidad con la economía del país, sino que tengan en cuenta las normas constitucionales y legales inherentes al trámite legislativo para no volver a quedar en manos de los magistrados. Tanta tributaria no solo es irresponsabilidad, sino descuido profesional.
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