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El ministro Peñaloza debe hacer noticia más por sus ejecuciones que por los negocios de sus familiares con el Estado.
Al presidente Juan Manuel Santos le acaba de saltar una liebre inoportuna en un momento muy crucial de su mandato. Es el incómodo caso de su ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, en cuanto a los negocios que tiene su familia con el Estado. No todo lo legal es ético y el nuevo ‘zar de la infraestructura’ está dando ocasión de polémica y de problemas que sin lugar a dudas desgastarán más al Gobierno Nacional.
La denuncia hecha por un influyente columnista de la revista Semana habla de “una compañía fundada por el Ministro y que pertenece a su esposa e hijos, que ha recibido miles de millones en contratos con el Estado. La empresa llamada PYG maneja más de 1.700 procesos judiciales como representante de entidades oficiales. En la lista de clientes de la sociedad de la familia Peñaloza están -entre otros- el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Servicios Domiciliarios, los Seguros Sociales, Invías, Findeter, el Fondo Nacional del Ahorro y el Sena. Estos millonarios contratos han sido otorgados mientras Peñaloza ha sido funcionario público, primero como consejero presidencial de los últimos dos gobiernos y ahora como Ministro”. Está claro que “la Constitución prohibe que los servidores públicos contraten con el Estado por si mismos o por interpuesta persona”.
El Presidente tiene que aceptar que la ‘trama Peñaloza’ desgastará irremediablemente a su servidor en el peor momento de su gestión y que debe tomar decisiones sin mayores desgastes. La incompatibilidad o la corrupción de un cercano como éste, no se puede sumar ahora a la falta de ejecución gubernamental. Durante los dos años de mandato de Santos no se había presentado este tipo de problemas. Y si el primer mandatario es práctico y verdaderamente no quiere ver cómo su popularidad sigue cayendo, debe tomar decisiones que beneficien al país y directamente a su gestión. La actual administración no tiene la suficiente favorabilidad ante la opinión pública que le permita salir adelante con una polémica situación como esta. No se trata de determinar si las actividades de la familia Peñaloza son legales, éticas o inoportunas, de lo que se trata ahora es de tener un ministro de Transporte eficiente sin sombras que empiece a entregar las obras que la infraestructura nacional requiere.
El Presidente debe escuchar y atender este tipo de situaciones incómodas y actuar sin perder tiempo ni desgastarse. Los empresarios han sido duros con el actual mandato presidencial porque no ven ejecución y sienten un atraso en las grandes obras que deben ejecutarse para enfrentar los tratados de libre comercio. Los negocios de Peñaloza no pueden convertirse en otra ‘piedra en el zapato’.
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