La independencia también es idoneidad

Una de las joyas de la corona de la economía colombiana es, sin lugar a dudas, la independencia del Banco de la República, uno de los mayores logros de la Constitución de 1991 al establecer que “el Estado, por intermedio del Emisor velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda (...), tarea que debe ejercer en coordinación con la política económica general”.

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Hasta ahora, esos roles y funciones de la Junta Directiva del Banco Central -conformada por siete codirectores- han sido bien ejercidas, pero con el paso de los años se ha ido deteriorando hasta ver que la favorabilidad de esa institución ha cedido terreno ante la opinión pública (pasando de niveles de favorabilidad cercanos a 60% al principio del gobierno Santos a números que rondan 50% en la última encuesta Gallup); problema generado por el rebrote inflacionario de hace algunos años y la función de sus datos en las proyecciones en la formulación del salario mínimo, si se calcula con la inflación causada o la proyectada; a lo que también se puede sumar estudios inexistentes por parte del Emisor sobre el peso de los productos importados en la canasta familiar o el papel que juegan los dólares del narcotráfico en el mercado de divisas. Los cultivos ilícitos, tasados en más de 200.000 hectáreas, son un problema latente para la economía subterránea, situaciones que debe estar en el radar de un Emisor más comprometido en una suerte de economía social.

Luego de un agitado debate electoral en el que todos los candidatos, especialmente el Mandatario electo, se comprometieron con la independencia del Banco de la República -una posición elemental- es prioritario ahora comprometer al presidente Iván Duque en que los codirectores que nombre en su gobierno (por ejemplo, en 2021 se termina el periodo máximo de 12 años de Juan Pablo Zárate), sean idóneos y probos técnicamente. Al importante cargo de codirector no pueden llegar abogados, ingenieros o economistas que están a media carrera profesional como son los viceministros técnicos de Hacienda quienes empiezan a ver en el Emisor un premio de consolación.

Incluso, en las altas cortes del poder judicial se tiene cuidado con quienes llegan a esos cargos, para que no sean capturados por inexpertos. La respetabilidad a la independencia de la Junta tiene que ver con la idoneidad de sus miembros quienes, ojalá, hayan sido ministros, superintendentes, rectores o decanos y que por principio tengan doctorado para componer y desarrollar una institución en la que ciencia económica es la médula de la credibilidad. Las facultades de economía deben jugar un papel más importante en esa formación, tal y como se ha ido sofisticando la elección del Contralor General, por ejemplo. La Junta no debe ser un premio de consolación ni convertirse en un cargo para hacer experiencia o saltar a la banca multilateral; es la institución económica por excelencia a la que tiene que llegar los mejores y más experimentadas economistas o científicos sociales que sepan comunicar sus decisiones al país.

Los nuevos funcionarios de corte económico: el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la directora del DNP, Olga Amador; y el ministro de Industria, José Manuel Restrepo, saben perfectamente que en la futura conformación de las Juntas del Emisor está la preservación de su independencia. Si se afloja en esos nombramientos, si llega al Banco gente sin la formación y experiencia adecuada, la independencia está en juego.