jueves, 15 de octubre de 2020

La minga política que protesta en contra del Gobierno Nacional, no solo es inoportuna, sino imprudente: primero por la recuperación económica y segundo porque hay una pandemia

EditorialLR

La protesta social es uno de los pilares consagrados en la Constitución Nacional y debe ser preservada dentro de los deberes y derechos de todos los colombianos, pero lo que vienen haciendo grupos indígenas minoritarios del departamento del Cauca es un claro abuso de un derecho legítimo, sin importarles el impacto en el resto del país que intenta recuperarse en lo económico en medio de un pico de contagios de covid-19 que nunca llega; hay más de un millón de enfermos y casi 30.000 muertos, situación que no les importa a unos 5.000 indígenas que han hecho de la minga política un deporte regional con el que buscan impactar la agenda nacional sin medir las consecuencias.

Es inaceptable que su legítima protesta política se convierta en una actividad desmesurada de contagios, pues no acatan las recomendaciones globales de usar tapabocas, mantener distanciamiento social y evitar las aglomeraciones.

Y como si fuera poco procuran taponar vías de suministros, entorpecer la reactivación económica necesaria para pagarles sus subsidios y darles millonarias ayudas gubernamentales, al tiempo que con grave ingenuidad política pretenden “juzgar” la figura presidencial porque el simple hecho de que son instrumentos de protesta que despierta simpatías urbanas.

Los indígenas tienen una jurisdicción especial que les da derecho a tener senadores y representantes, quienes velan por sus intereses y pueden evaluar la gestión del presidente de turno con las herramientas constitucionales, cosa que no hacen porque su interés es alargar las llamadas mingas y empatarlas con paros movidos por las fuerzas de la oposición.

No se puede desconocer que el departamento del Cauca siempre ha sido el caldo de cultivo de la insurgencia y el narcotráfico porque como pocas regiones tienen un componente de olvido estatal, resentimiento social y una inmensa costa sobre el mar Pacífico sin vías de conexión terrestres, lo que lo ha hecho el paraíso de la narcoguerrilla que ha azotado al país durante seis décadas.

En el Cauca habitan 308.455 indígenas de los 1.905.617 millones que hay en Colombia, población que representa 4% del todos los colombianos. Las poblaciones aborígenes más representativas el país son los wayuu con 380.460 individuos; zenú con 307.091; los pastos con 163.873 y los emberá chamí con 77.714. Hay 767 resguardos en todo el país, solo en el Cauca funcionan 199, casi todos derivados de los indígenas nasa o paéces con 243.176 nativos, enfrentados por territorios con los misak o guambianos con una menor población.

El Gobierno Nacional ha atendido sus reivindicaciones territoriales y culturales en lo posible, pero también debe solucionar las necesidades del resto de colombianos que experimentan problemas de desempleo, recesión económica y de crisis sanitaria.

La gran paradoja de la minga política es que para revisar sus reivindicaciones primero debe haber una recuperación económica y los grupos indígenas también tienen que aportar al crecimiento económico del cual se desprenden los presupuestos, pues casi toda la tierra entregada en las últimas décadas permanece improductiva; 43% de las 2,9 millones de hectáreas del Cauca se ha convertido en resguardos improductivos, pero siguen reclamando dinero del erario público que es aportado por el resto de colombianos a través de impuestos. Es cierto, el Cauca es un problema crónico, pero hay que empezar a decir verdades impopulares.

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