La desigual cartera de la igualdad

No hay mejor intención que soñar con que todos los hombres y mujeres del mundo sean iguales, y es tarea de los gobiernos reducir la precariedad social, trabajar para que todos y todas tengan las mismas oportunidades que brindan las economías de mercados, pero sobre todo ejecutar políticas públicas para que las necesidades básicas insatisfechas sean solucionadas en el grueso de una población.

Es loable el objetivo que se trazó la vicepresidente de la República, Francia Márquez, de alcanzar ese sueño a través de un nuevo ministerio en Colombia que tuviera como eje fundamental lograr la igualdad y disminuir la inequidad social. Gran meta que se evapora luego de que la Corte Constitucional tumbara la ley que creó dicha cartera por vicios en el trámite y porque sus facultades no eran precisas ni claras.

En otras palabras, porque el Gobierno Nacional no lo tenía claro, al tiempo que otras entidades del Estado cumplían dichas labores. Dicho de otra manera, es menester de todos los ministerios hacer que la sociedad camine hacia la reducción de los 15 ó 16 millones de colombianos pobres, pero sobre todo que más nacionales logren tener salud, educación, vivienda, transporte y entretenimientos dignos.

Siempre en la justificación de motivos cuando se habla del tema de la igualdad se recurre a las tesis e investigaciones de Corrado Gini, quien en el siglo pasado desarrolló el coeficiente de Gini, el gran termómetro de la desigualdad en los ingresos en una sociedad. Si bien es una medida masificada y ampliamente usada por los estadísticos y economistas, es igualmente criticada por la obsolescencia de los métodos usados. Se critica porque utiliza los ingresos de los individuos de una sociedad como punto de partida; dicta que “un número entre 0 y 1, donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

Existen nuevas maneras de medir la distribución de ingresos y recursos en una sociedad, pero ante todo la competitividad, productividad y oportunidades. No todo es cuestión de quién tiene más que otro, que es el principio del fracaso de los modelos socialistas, que mal entendidos y anárquicos desencadenan en redistribución de la misma pobreza.

El Ministerio de la Igualdad es absolutamente inadecuado, no solo porque es innecesario, aumenta la burocracia y les pisa los roles y funciones al Departamento de Prosperidad Social, al Departamento Nacional de Planeación, y a todos los ministerios, sino que es mediocre en desarrollar sus políticas públicas: solo ha ejecutado 0,36 % del presupuesto que tiene disponible este año, convirtiéndose en el ministerio con la menor ejecución del actual Gobierno. No es un dato menor.

El 29 de junio de 2023 fue sancionada la Ley 2281 que formalizó la existencia del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, en cabeza de la también vicepresidente Márquez, con su constitución quedaron a su cargo los institutos de Bienestar Familiar, y de Sordos y Ciegos. Inicialmente, la cartera contó con una asignación presupuestal de $500.000 millones, superior a otras carteras como los ministerios de Tecnología, Justicia, Ciencia y Transporte. Dinero que disfrutan las entidades que lo tienen guardado, pues nada de lo que había propuesto se nota en sus ejecuciones. No hay que inventar nada, simplemente hay que trabajar y hacer cosas materiales.