lunes, 16 de diciembre de 2019

El artículo 123 de la Constitución reza que “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad”, principio que se evapora ante la creciente ola de corrupción

EditorialLR


El Estado colombiano no son solo las frías instituciones físicas hechas de hierro y cemento; son los funcionarios a su servicio, quienes le dan vida bajo el mandato constitucional expresado en el artículo 123 de la Constitución Política que dicta que esos empleados están a su servicio y de la comunidad. En esa gran logística estatal se gastan anualmente más de $33 billones, uno de los rubros más altos del Presupuesto Nacional que se destina a los llamados gastos de personal. Con eso se pagan los salarios y necesidades dentro de sus funciones de 1,86 millones de personas, un monto importante de trabajadores si se tiene en cuenta que la Población Económicamente Activa ya supera los 24 millones de colombianos. Si se miran los indirectos, fácilmente, la cifra puede subir a tres millones de personas que derivan su sustento de los impuestos. El resto del país laboral gira en torno al sector privado que no solo carga con el grueso de los impuesto, sino con la máxima generación de nuevos puestos de trabajo formales.

Es una manera de reflexionar sobre la importancia del servidor público y el buen desempeño absoluto que debe tener, para que el país pueda tener un marco necesario de desarrollo. En los países europeos y en Estados Unidos es muy común que cuando un joven concluye su ciclo universitario o de posgrado, se encuentra en una partición de tres caminos profesionales: seguir su carrera en las empresas, emprender o preparar una oposición, es decir, apostarle a convertirse en un servidor público, un destino que está lleno de seguridades y de competitividad, pues allí casi siempre llegan los mejores o los más preparados. Eso no sucede en Colombia, incluso ha hecho curso que muy pocos bien calificados y competitivos se deciden por un puesto en el sector público; la explicación es muy simple, mala reputación, riesgos judiciales, mala remuneración, altísima rotación, y lo peor de todo, que para llegar a un cargo público hay que tener un padrino político o ser un militante activo.

Todo lo anterior ha hecho que la inmensa mayoría de los mejores jóvenes universitarios, profesionales senior y ejecutivos de mucha experiencia le huyan a trabajar con el Estado y prefieran emprender en solitario, irse del país o encarrilar su profesión en el sector privado. Eso no sucede en el mundo desarrollado en donde trabajar en una alcaldía, gobernación, ministerio o entidad mixta del Estado es un privilegio por la dificultad que representa entrar y porque son tan buenos trabajos que casi nadie se retira. Pero aquí esos casi dos millones de empleos están capturados en su inmensa mayoría por políticos corruptos que no dejan que lleguen personas idóneas que cumplan con el principio constitucional de servir al Estado y a la comunidad. Esa es la gran revolución pendiente en Colombia.

Hay que recuperar la labor pública para los mejores, para aquellos quienes ven en un puesto oficial una manera de ayudar desinteresada, de trabajar verdaderamente por el país y hacer que la sociedad les tenga confianza, que justamente es lo que nunca se ha tenido. Desarrollar la confianza en las instituciones no es otra cosa que creer en quienes las representan y para eso hay que llevar a los más probos a esas dignidades y lograr que la justicia sea muy dura con quienes faltan a esa confianza rota.

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