La asignatura pendiente de la evasión fiscal

Cuantificar la evasión fiscal es tan difícil como medir los montos de la corrupción, hay cifras aproximadas sacadas de cruzar las personas naturales y jurídicas versus los montos tributados, pero siguen siendo datos etéreos sacados de unas suerte de sombrero de mago. Hace tres años, Santiago Rojas, director de la Dian para entonces, decía que la evasión de impuestos de renta e IVA representaba más o menos $40 billones anuales. Un año más tarde, el gremio de los banqueros, Asobancaria, estimaba que la evasión en el impuesto de renta llegaba a 3% del PIB (casi $30 billones de hoy), de los cuales la evasión de las empresas representaba 2,3% del PIB y la de personas naturales era de 0,7% del PIB. El ejercicio lo hacía con base en otros ensayos tributarios elaborados por centros de investigación como Fedesarrollo y Anif. Y en conclusión todos coinciden, sin sustentos probatorios científicos, que la evasión fiscal en Colombia ronda la cifra no despreciable de $50 billones, lo que vale más de una reforma tributaria.

Y con ese monto, también manejado por todas las comisiones y misiones de expertos tributarios se han elaborado proyecciones que ayudarían a aumentar el recaudo si se ataca a fondo la evasión; incluso es la hipótesis más usual argumentada por los distintos candidatos a la presidencia desde hace varios periodos. Por ahora el objetivo no consiste en comprobar si se trata de $50, $40 o $30 billones que se pierden por evasión, la idea es mirar por qué en Colombia la evasión es un rastro conductual en el ADN de las personas naturales y jurídicas, pues todas las prácticas formales e informales de bajar los impuestos son legales y amparadas por “credos casi religiosos” que rezan “no pago impuestos porque se los roban”. En pocas palabras hay una cultura extendida pagar lo mínimo al Estado, eso sí, exigir inversiones sociales y mejor infraestructura.

Es de Perogrullo decir que cualquier contribuyente preferiría que se atacara a los evasores, que se les perseguirá y obligara a pagar sus deudas de impuestos justos a su medida, pero cuando esta acción de la ley avanza y llega a las personas, llueven rayos y centellas en pos de su protección. Una suerte del “cójanlo y suéltelo” al que se enfrentan los policías cuando capturan in fraganti a un ladrón en la calle de un delito menor. No es sino mirar las veces que ha fracasado la penalización con cárcel de la evasión de impuestos; un artículo que está presente en todas las reformas tributarias, pero que siempre se cae al final de los debates, pues se considera que evadir tributos es un delito menor y que no puede ser castigado con cárcel.

Hay una salida al eterno problema de la evasión, problema que se debe reducir a sus mínimos tolerables por una economía como la colombiana que espera crecer en los próximos años a tasas de 4%, y es la que tiene que ver con las amnistías tributarias y la flexibilización de los castigos y demás penalizaciones.

Son más las empresas y personas que quieren estar a paz y salvo con los impuestos que quienes se enfocan en evadir por evadir, pero para ello hay que elaborar una reforma sensata que le facilite a muchos contribuyentes pagar impuestos “olvidados deliberadamente” a cambio de sanciones más suaves o tolerables en función de los montos evadidos. Una ley de financiamiento debe tener “zanahoria y garrote”.