Hay que “descajamarquizar” la minería

Los habitantes de Cajamarca en Tolima le dijeron no a la extracción de oro en su territorio a través de una consulta popular que fue más allá del derecho constitucional que tienen las personas de una comarca de ser consultadas previamente, sobre el desarrollo e impacto en sus vidas ordinarias de un proyecto de explotación minera o una obra de infraestructura, entre otras iniciativas de transformación social. Fue un hecho contundente: de 6.241 personas que votaron para decidir si aceptaban o no el desarrollo de un proyecto minero en su municipio, solo 76 dijeron que sí, mientras que 6.165 dijeron no. El resultado fue elocuente 97,92% cerraron filas contra la explotación de oro que pretendía realizar la multinacional AngloGold Ashanti. Desde ese momento, los mineros que representan 7% del PIB colombiano no han dejado de hablar del tema cayendo en un peligroso síndrome monotemático que los lleva a echarle la culpa a los gobernantes y a las reglas de juego que operan en el país.

Ya llegó el momento de pasar la página del episodio de Cajamarca, de “descajamarquizar” el asunto minero, para no seguir patinando en un problema que no tiene solución y en consecuencia deja de ser problema. Hay preguntas oportunas que se deben hacer frente a la situación, tales como: si la decisión de los cajamarcunos es retroactiva o qué van a hacer sin las regalías que derrama el gobierno central, un par de situaciones jurídicas que traen a colación otro problema pasado, cuando los guajiros argumentaban que no se podían llevar sus regalías de explotación de carbón de su departamento para otras regiones colombianas que eran contrarias a la minería. Con la trama de Cajamarca y su negativa a la extracción de oro de la mina de La Colosa se vienen muchas reflexiones públicas de gran calado sobre lo que encarnan las decisiones de las comunidades para las futuras generaciones.

No se puede olvidar que Colombia es esencialmente un país minero, especialmente en los años mozos de la conquista; con el paso de las décadas se volvió agricultora sembrando las generaciones republicanas de cafeteros, bananeros y floricultores; en los años 90 el país económico se dejó picar por el bicho de creerse petrolero, para chocarse en agosto de 2014 con el muro de la Enfermedad Holandesa, que lo sentimos en las cuentas fiscales, luego de la estrepitosa caída de los precios del petróleo; ahora el país de la segunda década del siglo XXI no encuentra una vocación económica bien definida, muy afín con la dinámica de los centros urbanos en crecimiento, como pueden ser los servicios. La minería a gran escala responsable, profesional y con un sentido social demostrado sí tiene futuro y así como Cajamarca le dijo no a  AngloGold Ashanti, hay pueblos en otros departamentos que le están diciendo sí a multinacionales de la talla de Newmont, en el caso de Buriticá en Antioquia o los de Vetas, Santander, que le piden al Gobierno respetar su ancestral vocación de explotar oro. Son las comunidades locales, de la mano de sus gobernantes de turno, y con el compromiso de las multinacionales, quienes deben liderar una nueva minería responsable que lleve a poblaciones al desarrollo y al bienestar. No se pueden cerrar filas en contra de la extracción de minerales estigmatizados como oro y carbón, y de materiales para la construcción como las cementeras, el país necesita explotar con responsabilidad social y ambiental sus recursos, sin caer en la falacia de que todo lo que es minería es malo para la naturaleza, hay casos en todo el mundo que se pueden imitar para salir de este subdesarrollo.