Hay que cuidar al Estado contra las demandas

La transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo De La Espriella no solo puede concentrarse en las cuentas que uno le deja al otro en cada entidad gubernamental, en medio de un complejo empalme. También debe considerar un gran problema silencioso que crece como un cáncer en las arcas nacionales: las demandas contra el Estado que aún no se han resuelto y que podrían costarle al erario público más de $100 billones.

Seguramente, el Estado colombiano ha cometido errores en la protección, defensa, cuidado y seguridad de sus ciudadanos. Asimismo, muchos funcionarios de turno no han sido diligentes en proteger, en beneficio del interés nacional, los contratos, las licitaciones y las diferentes modalidades de contratación, errores profesionales que han terminado en demandas y tribunales de arbitramento.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una de las entidades más importantes del aparato estatal, cuya función no es otra que proteger los intereses de todos los colombianos. Para nadie es un secreto que demandar al Estado se ha convertido en un negocio creciente y que el deterioro del orden público contribuyó a impulsar ese fenómeno. Hay bufetes de abogados especializados en demandar a la Nación por los errores cometidos por los funcionarios públicos. Pero también existen contratistas estatales a quienes no les interesa ejecutar las obras contratadas, sino demandar al Estado por aparentes incumplimientos.

Colombia está llena de elefantes blancos, con evidentes consecuencias para los intereses de la sociedad, pero que además cargan consigo demandas contra los gobernantes que los contrataron, una suerte de revictimización del erario. Así como existen bufetes de abogados especializados en demandar al Estado, también hay emprendedores, empresarios y toda una gama de contratistas a quienes no les interesa prestar un servicio público o ejecutar las obras contratadas, sino demandar a los gobiernos, pues, hechas las cuentas, resulta más barato y rentable alcanzar un buen acuerdo tras un largo litigio que invertir en obras de ingeniería.

No todas las demandas están relacionadas con las obras públicas, los excesos cometidos por agentes del Estado o la mala infraestructura. Una parte importante tiene que ver con el ahorro pensional que durante años han realizado los trabajadores colombianos y que no se les reconoce debido al limbo en el que hoy se encuentran los sistemas público y privado de pensiones.

El porcentaje de éxito de los abogados del Estado es muy bajo. Sus esfuerzos suelen concentrarse en los tribunales de arbitramento y en litigios de gran cuantía, mientras que las demandas de menor monto carecen de una defensa eficaz en favor de los intereses nacionales. Esa agencia jurídica debe trabajar de manera transversal con todas las entidades del Estado. Debe fortalecerse y demostrar resultados, como si sus clientes pertenecieran al sector privado.

La tasa de éxito de los abogados que defienden a Colombia debe convertirse en la mejor carta de presentación de esos profesionales, pues sus resultados benefician a todos cuando son positivos. En cambio, cuando pierden numerosos procesos, las condenas pueden equivaler al costo de una o dos reformas tributarias que, al final, terminan pagando los contribuyentes de siempre.

Si el nuevo gobierno quiere diferenciarse del saliente, debe poner los intereses del Estado por encima del canibalismo de algunos contratistas.