Grafitis, muros sucios, vidrios rotos, caos total

En 1969, Philip Zimbardo, psicólogo de la Universidad de Stanford, realizó un célebre experimento social al abandonar dos vehículos idénticos, sin placas y con las puertas abiertas: uno en el Bronx, un barrio neoyorquino con alta criminalidad, y otro en Palo Alto, una zona residencial rica de California. Pocos días después, comprobó que el auto del Bronx fue desmantelado en pocas horas, mientras que el de Palo Alto permaneció intacto durante una semana. Más adelante, los investigadores rompieron deliberadamente una ventana del auto de Palo Alto; a los pocos días, el vehículo fue saqueado y destrozado por los propios vecinos. La hipótesis era clara: los signos visibles de descuido, desorden y deterioro en entornos urbanos incitan a comportamientos antisociales y delictivos.

Esta premisa fue la piedra angular de la famosa Teoría de las Ventanas Rotas, consolidada en el libro de referencia criminológica Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities (1996), donde George L. Kelling y Catherine Coles demuestran detalladamente cómo el descuido genera más descuido y cómo ignorar pequeñas infracciones urbanas desencadena una espiral inevitable de degradación delictiva grave.

En el urbanismo y la sociología contemporáneos se sabe que las zonas donde se eliminan los grafitis rápidamente y se mantiene el espacio público iluminado y limpio experimentan un mayor respeto ciudadano y apropiación del entorno. Eso dicta la teoría. Sin embargo, en la práctica -y con mayor fuerza en Colombia durante la agitación de las temporadas electorales-, el reciente enfrentamiento por un gran grafiti en un muro estatal frente a la propiedad del expresidente Álvaro Uribe ha desatado un debate profundo sobre la aparente libertad de pintar o ensuciar los bienes comunes bajo la premisa de que “son de todos”.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro manifestó públicamente: “Le digo a la población que guarde respeto en épocas electorales. No porque sea un delito lo que hicieron. Todas las fachadas de nuestras casas son públicas, no son propiedad privada”. Esta afirmación incurre en una preocupante desinformación jurídica e institucional: las fachadas de propiedad privada gozan de especial protección contra el vandalismo, mientras que las intervenciones en muros públicos requieren un estricto proceso de concertación y permisos ante las entidades garantes del espacio urbano, la contaminación visual y la regulación del mobiliario de todos.

Este suceso debe servir para insistir de forma perentoria a las autoridades gubernamentales y policiales sobre la necesidad de velar por los espacios comunes. Mantener el entorno limpio no es un asunto meramente estético; es un mecanismo psicológico que transmite un mensaje claro de seguridad, orden y presencia institucional. Ahora bien, existen espacios previamente concertados con las comunidades urbanas donde los grafitis se erigen como verdaderas obras de arte y atractivos culturales. No obstante, el acto de pintar con el propósito único de destruir, agredir o sembrar discursos de odio político debe ser penalizado de manera contundente.

No hay nada más subdesarrollado que las vallas publicitarias dispuestas sobre armatostes metálicos que contaminan los paisajes naturales y urbanos, ni nada más agresivo que muros llenos de insultos, letras ilegibles y trazos sin sentido. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana tipifica estas contravenciones a las que, lamentablemente, los colombianos nos hemos acostumbrado hasta volverlas parte del paisaje. El grafiti legítimo es una expresión de arte urbano que merece ser cultivada de manera organizada; por el contrario, cualquier manifestación de odio político que incite a la violencia, el racismo o la segregación debe ser censurada, retirada de inmediato y castigada bajo el amparo de la ley.