Elecciones bajo un perverso manto de dudas

Es natural que en toda contienda, licitación o concurso, siempre las partes no queden igual de satisfechas con los resultados obtenidos, es el eterno drama del perdedor que contrasta con el júbilo de quien gana una partida. Además, en un sistema garantista como el colombiano, existe la figura de la duda razonable, incluso dentro del mismo código de procedimiento penal, elemento que permite durante el proceso de investigación resolver problemas jurídicos ante los jueces, quienes deben decidir la responsabilidad de los acusados basados en el convencimiento “más allá de toda duda razonable para emitir una sentencia condenatoria”.

Al finalizar las pasadas elecciones para el Congreso de la República, como siempre ha sucedido, jugadores políticos de la izquierda denunciaron informalmente problemas en el preconteo de votos; el problema creció cuando sus contendores de la derecha hicieron lo propio una vez se conocieron los resultados del escrutinio y, como es tradicional, los perdedores no aceptaron el veredicto de las urnas, al tiempo que los ganadores decidieron retirar sus críticas.

Pero el mayor daño estaba hecho al complejo y obsoleto sistema nacional electoral de Colombia, la presuntuosa segunda democracia más antigua del continente, después de Estados Unidos, que necesita con urgencia una profunda cirugía. Dese por descontado que los candidatos eliminados de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del próximo mayo seguramente denuncien anomalías en la jornada electoral, basado en el supuesto antecedente del 13 de marzo; conflicto que alcanzará su clímax en junio cuando los resultados de la segunda vuelta les sean adversos. Este episodio de manto de duda sobre la logística y organización de las elecciones en Colombia obliga a que todo el andamiaje electoral se modernice de cara a novísimas experiencias democráticas en todo el mundo. No solo se trata del voto electrónico, la vetusta inscripción de cédulas para poder sufragar o ejercer el derecho durante varios días, no solo el día de las elecciones; se trata de que la modernidad llegue al sistema electoral local, incluso observando los roles y funciones de la politizada autoridad: el Consejo Nacional Electoral.

Por supuesto que hay que investigar las denuncias y llegar hasta la últimas consecuencias, pero existen las herramientas legítimas para ahondar en lo sucedido. El proceso electoral colombiano tiene unas reglas probadas durante décadas: el compromiso de los candidatos y aspirantes de hacerse contar; las mesas de votación; sus jurados electorales; los testigos electorales; las comisiones escrutadoras, entre otras figuras que se activan cada dos años, pero ante todo está el CNE que recibe e investiga todas las anomalías documentadas.

Lo que se ha presentado en el ambiente político es que las denuncias de los grupos de ideas de izquierda y derecha han puesto el dedo en la llaga en un sistema que se debe modernizar para no menoscabar la institución más fuerte que tiene Colombia, su democracia; no obstante, The Economist Intelligence Unit concluyó en su último Índice de Democracia que Colombia retrocedió al décimo lugar entre las democracias latinoamericanas medidas y el puesto 59 en el mundo. Lo grave es que de ganar la izquierda y debilitar más el sistema de elecciones, seguramente montarán una suerte de constituyentes a su antojo, como ha sucedido en Venezuela o Nicaragua, y se perpetúen en el poder.