lunes, 31 de agosto de 2020

Colombia sigue avanzando en obras viales, pero sigue rezagada en competitividad, un problema que es una oportunidad de inversión para que la economía retome la senda del crecimiento

EditorialLR

Después de muchas décadas esta semana se entregará el Túnel de La Línea al servicio del turismo, el comercio internacional y la competitividad internacional que representa disminuir en una hora el paso de la Cordillera Central y poder ahorrar entre $70.000 (autos) y $150.000 (tractomula) en combustible y desgaste automotor para los miles de usuarios del transporte terrestre en el corazón de Colombia. La primera vez que se habló de perforar las montañas del Tolima Grande y el Eje Cafetero y unir las poblaciones de Cajamarca y Calarcá fue durante la administración de Carlos E. Restrepo en los albores del siglo XX; tuvieron que pasar no solo 29 presidentes y casi un centenar de empresas constructoras para que la magna obra por fin se ponga al servicio de la economía. Los constantes retrasos, la corrupción, los peros ambientales, el amaño de las autoridades locales, entre otro rosario de problemas, habían hecho del esperado túnel una frustración permanente de los importadores y exportadores que tenían que aceptar que traer un container de un puerto del sudeste asiático hasta Bogotá no solo era más barato, sino más rápido que transportarlo entre Buenaventura y Bogotá. Si bien aún faltan varias obras aledañas para terminar la totalidad de la obra de infraestructura, poder evitar el terreno sinuoso es un avance histórico para el país.

El túnel de 8,6 kilómetros que será el más largo de América Latina (habrá otros tres túneles de casi dos kilómetros, cinco puentes o viaductos y 13,4 kilómetros de doble calzada), será una obra emblemática para Colombia que penosamente empezó costando $615.000 millones y se finalizará en $1 billón, incluyendo las adiciones y los tribunales de arbitramento. Las inversiones generales ascenderán a $2,9 billones por ahora, pues la puesta en marcha y el uso masivo van a dibujar nuevos proyectos de infraestructura en una zona de relieve complejo y crucial para la economía agropecuaria del centro del país.

Si se mira en prospectiva, la obra que se entrega este 4 de septiembre le permitirá a los usuarios pasar de una velocidad promedio de 20 a 60 kilómetros por hora, un ahorro de 60 minutos que representará ganancias y mayor competitividad, pero si esta misma consideración se hace en otros cuellos de botella que persisten en el país y las autoridades se enfocan en su solución, en pocos años el país se habrá desatrasado del rezago en infraestructura que lo hace ocupar puestos de media tabla en competitividad internacional. De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad, la infraestructura local ocupa la posición 83 entre 120 países; para poder avanzar se debe incrementar la inversión pública en un sector que estuvo de moda con el programa de concesiones viales de 4G, pero que se ha ido disminuyendo por razones de la crisis y los escándalos de las grandes firmas de ingeniería. Hay que reactivar los 27 proyectos de 4G y la inversión en vías terciarias debe ser decidida para matar dos pájaros con un solo tiro: reactivar la economía con un sector altamente generador de empleo y tener presencia estatal en lugares en donde aún viven entre caminos de herradura. Si se sobrepone un mapa de las zonas de cultivos ilícitos y de violencia con otro que muestre las zonas de menos atención en vías, sorprenderá que son las mismas. El país no se puede quedar celebrando el Túnel de La Línea, debe avanzar más.

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