La discusión sobre la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Medellín puede parecer un asunto estrictamente local; sin embargo, es la piedra angular de una problemática que crece en silencio y a la que el gobierno nacional anterior le restó importancia al liquidar los subsidios a la construcción de vivienda. Para dimensionar la situación, es necesario partir de que poco más de 7,3 millones de personas viven en arriendo en Colombia -casi 40% de la población- y que el déficit habitacional abarca a unos 5 millones de hogares.
El dilema actual en Medellín radica en que la ciudad está dividida entre quienes atacan la gentrificación -entendida como la transformación urbana orientada a la revalorización del suelo- y quienes ven en el creciente turismo y el nomadismo digital una oportunidad para emprender y mejorar los ingresos. Ambas posturas son aristas de un mismo fenómeno: la metamorfosis de la construcción, las dinámicas de oferta y demanda de inmuebles, el auge de las plataformas digitales y la avalancha de visitantes que impulsan el negocio de los alquileres de corta estancia.
Basta con analizar la crisis habitacional en España para advertir que, aunque a ritmos distintos, este problema se cocina en silencio en Colombia. Frente a esto, la Alcaldía de Medellín plantea concentrar los edificios de renta corta en zonas específicas, con el fin de proteger los derechos de los residentes que no desean ver afectadas sus dinámicas barriales por los alquileres digitales.
En la otra orilla se encuentran los inversionistas y generadores de empleo formal, quienes compran apartamentos para arrendar; esto ha consolidado una nueva ola de jóvenes empresarios inmobiliarios que reivindican la propiedad privada y la economía de mercado.
Lo cierto es que, como afirma el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, “trabajar, ahorrar y aun así sentir que la vivienda propia se aleja es una de las señales más preocupantes de la crisis de vivienda”. En España, entre 2015 y 2025, los precios de compra subieron 80% y los alquileres 87%, mientras que los salarios apenas aumentaron cerca de 30%.
La consecuencia de este desbalance es directa: obliga a las familias a ahorrar durante mucho más tiempo para adquirir un inmueble y convierte la creación de patrimonio en una ruta cada vez más difícil. En definitiva, Colombia debe tomar estas experiencias internacionales como una advertencia clara. Se requiere mayor oferta, mejores condiciones para la construcción, más opciones de financiación y, sobre todo, alternativas de vivienda asequible.
Mientras que la vivienda sigue siendo una de las necesidades básicas más insatisfechas en los mercados emergentes, en economías del primer mundo fuertemente turísticas, como Francia y España, se vive un “efecto cobra”. En estos países, la promoción del turismo como eje económico central desató un auge de fondos inmobiliarios que aceleraron la gentrificación y dispararon la oferta de rentas cortas para extranjeros.
Al mismo tiempo, la disponibilidad de vivienda para los locales creció de forma lenta y los precios prohibitivos terminaron desplazándolos. En el contexto colombiano, la respuesta a este desafío recae en los planes de ordenamiento territorial, la correcta definición de la vocación del suelo y el trabajo mancomunado entre todos los actores económicos locales.
El progreso no se detendrá prohibiendo las plataformas digitales, ni mucho menos incentivando la invasión de la propiedad privada; la verdadera solución radica en diseñar marcos de regulación claros y a largo plazo que eviten que el acceso a la vivienda se convierta en un polvorín social.
