El peligroso cuenta gotas en Santurbán

Estamos seguros que la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento Villamizar, actúa más por ‘buenicia’ que por malicia y que la decisión de ir soltando a cuenta gotas la delimitación del páramo de Santurbán es una estrategia bien intencionada. Pero le puede salir muy mal, lo que llevaría al traste las mesas de socialización del tema (una especie de consejos comunales) que está llevando a cabo con los actores afectados en el Departamento de Santander.

La cartera de Ambiente ha dicho que hay que esperar dos y tres meses más para saber a ciencia cierta qué va a pasar con el polémico asunto de la delimitación. Una noticia que esperan ansiosos los habitantes de la provincia de Soto Norte, compuesta por los municipios de California, Vetas, Matanza, Suratá, California y Tona. El gobernador, Richard Aguilar, y el director de la Corporación Autónoma Regional, Ludwing Arley Anaya, están enterados del tema y ya son arte y parte de la estrategia que ha escogido la Presidencia de la República, la cual no es la más adecuada, pues se empiezan a conocer filtraciones y manipulaciones de la decisión gubernamental; una situación que erosiona la confianza de los inversionistas y de los habitantes afectados.

La Ministra habla de conceptos bonitos en la teoría de las políticas públicas, tales como participación, inclusión y construcción, pero etéreos en la puesta en marcha durante las mesas institucionales. Por ejemplo, quiénes serán los llamados ‘guardianes del agua’; un interesante rol que cualquiera lo puede representar en una comunidad, y en el que muy pocos pueden participar. Es crucial para los habitantes de la región conocer a ciencia cierta dónde estará la línea de páramo para poder saber si sus intereses vitales y materiales son afectados, de lo contrario, será arar en el desierto.

La decisión no es fácil, pues se está hablando del abastecimiento de agua de la capital de Santander, pero a su vez del futuro de miles de pobladores de las zonas de páramo a quienes nunca nadie ha interpretado. Seguramente las multinacionales que tienen títulos mineros o propiedades en la región tendrán que pagarles a muchos campesinos una especie de salario de pensión si quieren explotar el mineral de manera sostenible. De la misma manera, y ya es un tema de discusión en las grandes capitales, los habitantes de los cascos urbanos también deben acarrear con algunos costos de este servicio público, que aparenta ser gratuito y no lo es. El agua es de todos y un bien que es público carece de un ‘guardián del agua’, pero más efímero es el concepto de quién debe pagar por él. De lo que se haga en Santurban se desprenderá una verdadera jurisprudencia sobre las llamadas ‘fábricas de agua’: los páramos.