El matrimonio del contrabando con los políticos

La creencia popular era que los últimos gobiernos de Colombia les habían hecho caso a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, de blindar de la captura por parte de políticos corruptos y delincuentes contrabandistas, a entidades como la Dian y las superintendencias de Industria, Financiera y Sociedades.

Pero los últimos acontecimientos muestran que no es así, que los políticos corruptos siguen poniendo sus fichas en las oficinas de aduanas, las que cobran los impuestos, vigilan los mercados, controlan los bancos y crean o desaparecen sociedades empresariales.

Luis Carlos Reyes, quien fuera el director de la Dian y también ministro de Industria, Comercio y Turismo, puede estar destapando la olla podrida más profunda de la historia reciente la economía que devela el matrimonio sólido y duradero entre contrabandistas y políticos. Las economías subterráneas en Colombia pueden representar 3% del PIB, y las actividades delincuenciales que la constituyen, no son nada más ni nada menos, que el lavado de activos, el tráfico de drogas y el contrabando, como puntales de todas las tragedias nacionales.

Los ministros de Hacienda de otros gobiernos ayudaron a desarrollar la llamada Unidad de Información y Análisis Financiero, una oficina adscrita a su cartera para hacerle trazabilidad al dinero ilícito, con el objetivo de atacar el contrabando, mientras que la Dian debería atacarlo de manera frontal. Si esas dos instituciones fueran eficientes y actuaran conforme a la ley, el país se ahorraría por un lustro las permanentes reformas tributarias.

La evasión pueden ser tres reformas tributarias, el mismo exministro Reyes cuando estaba al frente de la Dian, planteaba que “el costo de esa evasión es de decenas de billones de pesos (...) La brecha tributaria desde 2014 ha crecido, pasamos de $77,5 billones a $116,9 billones en 2020”.

El porcentaje actual de evasión es de 25% de las obligaciones tributarias, un porcentaje al que nadie le pone cuidado, menos aún en el Congreso de la República, al que muchos acceden patrocinados por verdaderos barones del contrabando. Una de las mejores maneras de responder a la creciente corrupción es volver a separar la gestión de impuestos de la aduanera para que una tarea no empañe la otra; la dirección de impuestos que responda por combatir la evasión y la dirección de aduanas el contrabando.

Ahora bien, el contrabando es una actividad ilícita panregional que compromete distintos gobiernos. De acuerdo con la Andi, se calcula que a Colombia ingresa contrabando por $25 billones anuales, entre la modalidad abierta, en la que se mueve la mercancía por canales no oficiales, y la técnica, en la que se manipula la documentación; esta última ha aumentado en los últimos años. Dicha cifra es superior a la de muchos sectores de la economía y se podría decir que ronda 2% del PIB.

El contrabando pone en desventaja a los empresarios formales que deben pagar costos superiores a los de la ilegalidad para adelantar su labor empresarial, pero lo peor de todo es que el comercio ilícito financia actividades criminales que mantienen a Colombia como uno de los paraísos de los contrabandistas y narcotraficantes. En un año serán las elecciones al Congreso, ojalá en las regiones en donde saben qué dinero y de dónde llega a las campañas, se castigue a los políticos corruptos.