El manto oscuro de la economía subterránea

¿Cuánto pesa el narcotráfico en el Producto Interno Bruto colombiano? ¿La revaluación del peso está relacionada con el cultivo de coca? ¿Qué porcentaje de las remesas anuales se deriva de actividades ilícitas? ¿Cuánto del Presupuesto General de la Nación termina en corrupción? ¿Alguien mide el peso de la prostitución o de las webcamers en la economía de algunas capitales? ¿Es el dinero de la extorsión la nueva veta de la delincuencia?

Son muchas las preguntas que deben responder los centros de investigación públicos y privados para sincerar la economía colombiana, que supera los US$400.000 millones en términos de PIB, pero de la cual nadie ofrece cifras reales ni oficiales sobre el peso de la economía subterránea. El país político hace oposición a cualquier gobierno de turno con la tasa de cambio del peso y sentencia que el dólar por debajo de $4.000 -en este caso- se origina en las 200.000 o 300.000 hectáreas de coca.

Estudios académicos, ya obsoletos, señalan que la economía subterránea colombiana pesa 4% del PIB, es decir, unos US$16.000 millones; otros sostienen que la corrupción crónica del Estado es similar a la evasión de impuestos y puede superar los $80 billones.

Incluso hay quienes afirman que, para dimensionar el impacto de las actividades ilícitas en la economía, es necesario hacerle trazabilidad al contrabando, donde confluyen el narcotráfico, la corrupción estatal y, por supuesto, la evasión tributaria.

Es realmente necesario el debate sobre el impacto y el peso de las actividades ilícitas en la economía colombiana, que, dicho sea de paso, arrastra una fama mundial de ser un país alto productor de todo tipo de delitos.

Desde la esfera pública, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el Dane deberían abordar este espinoso asunto desde distintas aristas que ayuden a la sociedad a entender por qué las actividades ilícitas destruyen la economía de un país.

En muchos rincones de Colombia, en barrios de ciudades o en ciertos círculos sociales, cuesta aceptar que el lavado de activos es una actividad que destruye el tejido económico y drena las formas sanas de la economía. Desnarcotizar la economía colombiana es una labor de dos o tres gobiernos; impedir que la extorsión se consolide como una fuente de recursos oscuros, como sucede en México o Centroamérica, es un imperativo.

La informalidad, la corrupción, la evasión y otros mantos oscuros que cubren la producción nacional de bienes y servicios deben superarse si el país quiere dar un salto en su desarrollo. Chile, Costa Rica, Uruguay e incluso Panamá avanzan hacia economías más sanas, en crecimiento, con mayor institucionalidad y reducción de las precariedades propias de los países en desarrollo.

Dentro de los propósitos nacionales que se prometen al comienzo de todos los gobiernos debería existir un pacto nacional que trascienda varias administraciones y que apunte a la erradicación de las actividades económicas subterráneas que mantienen a Colombia en el sótano cuando se revisan los rankings de crímenes contra la sociedad.

Medir lo ilegal siempre será complejo, y todas las actividades prohibidas por la ley -como el tráfico de drogas, armas o personas, así como la prostitución- generan flujos de dinero negro que hoy son determinantes en varias zonas del país.