El Gobierno no tiene fuelle en el Legislativo

El grueso de los senadores de la Comisión Séptima votó por archivar la reforma a la salud, una derrota estrepitosa para el Gobierno Nacional, en especial para el Ministerio de Salud, que se había jugado a fondo todas sus cartas para conseguir que avanzara en el Legislativo. La ponencia negativa tuvo ocho respaldos, es decir, la mayoría en dicha Comisión, conformada por 14 senadores.

Y es que la sonora iniciativa estructural del Ejecutivo nació muerta pues careció de sensibilización por parte de sus actores y solo se hablaba de ella bajo amenazas y descalificaciones de lo mucho que ha avanzado la salud en Colombia, pese a que existen cosas por corregir.

Nació muerta desde el tono pendenciero que le imprimió la exministra de Salud, Carolina Corcho, quien fue sacada de la cartera por los distintos conflictos que armó; en su remplazo, se puso a Guillermo Alfonso Jaramillo, un político más experimentado para que se moviera con mayor fluidez en el sistema de salud y en el mismo Congreso, pero no lo consiguió.

Hubo quizá una mayor disposición al diálogo y una infructuosa búsqueda de la concertación, sin que diera los resultados esperados. Seguramente, el Gobierno Nacional acudirá a sus mismas prácticas revanchistas, amenazará con radicarla nuevamente, con adelantar alguna idea de reforma con decretos, pero sobre todo, llamará a marchar en contra del sistema de salud para intentar cambiarlo a la brava.

Pero la mayor preocupación es que intente asfixiar a las empresas prestadoras de salud, a las instituciones prestadoras de servicios y a todos los jugadores interviniendo la línea de suministros financieros, es decir, dejar de pagar sus cuentas.

No se puede olvidar que de las arcas nacionales se le debe a las EPS más de $2 billones, sin que exista afán para ponerse a paz y salvo, situación que afecta a los pacientes cada vez más inconformes, pues los prestadores de salud no pueden trabajar gratis.

El Presidente ha dicho que la crisis económica que denuncian las EPS, como Sura, Sanitas y Compensar, tres de los actores más importantes del mercado, por las deudas que tiene el Estado con las empresas, no existe, al tiempo que los balances financieros presentados por las empresas en 2023, se ven deudas que superan el $1 billón, siendo $870.871 millones lo que debe el sistema a Sanitas (a agosto de 2023), otros $568.638 millones de Sura y $204.206 millones en Compensar. Seguramente, este revés legislativo, será un nuevo comienzo para el Gobierno y su visión sobre la realidad del sector de la salud.

Hay un nuevo ambiente en la salud, que siendo optimistas se acentuará con el paso de los días. Sura, por ejemplo, ha abierto puertas para ser gestor de vida y salud, una figura de la cual habla el Gobierno; la entidad -clave en el sistema- ha confirmado su intención de continuar comprometida en encontrar soluciones a las crisis del sector.

Por ahora, lo cierto es que el Gobierno Nacional ha perdido todo el fuelle político en el Congreso y que la suerte de la reforma a la salud la seguirá en las pensiones y la laboral. Puede suceder que el afán por recursos frescos para 2025, un año electoral anticipado, se concentre en una nueva tributaria que se ensañe con las personas naturales y las empresas como siempre sucede. Poco a poco al Ejecutivo se le acaba el combustible y tendrá que empezar a hacer política, una virtud que desconoció desde el comienzo.